Parlamentarios abogan por responsabilidades políticas tras informes de Contraloría por Caso Convenios en el Biobío
Diversas reacciones generó en el mundo político local dejaron los dos informes emitidos por la Contraloría vinculados al Caso Convenios, tanto en el Minvu-Serviu, como en el Gore Biobío.
Recordemos en relación a las primeras entidades, el órgano fiscalizador detectó falta de respaldo en las boletas de garantía; funcionarios que no respetaron o informaron inhabilidades con fundaciones en las que habían desempeñado funciones.
Mientras que en el Gore, encontraron suscripción de convenios con entidades que no tenían respaldo económico para millonarios programas o posibles conflictos de interés entre funcionarios de la entidad y personas con las que desempeñaron funciones en antiguos trabajos.
Ante esto, el senador Gastón Saavedra (PS) indicó que “la institucionalidad está dando cuenta que puede establecer responsabilidades y dar sanciones a los responsables de forma administrativa. Ahora, viene le toca a la justicia la que deberá definir las sanciones penales”.
Mientras que la diputada Marlene Pérez (IND-UDI) cree que “es imperdonable que se hayan aprovechado de la precariedad para beneficio propio. Este modus operandi debe ser investigado a fondo, exigiendo responsabilidades políticas y administrativas. No podemos permitir la impunidad en situaciones tan sensibles. Es crucial que se asuman las responsabilidades correspondientes en estas situaciones complejas”.
Su par Eric Aedo (DC) aseveró que “se trata de un informe lapidario, con una maquinaria que viene desde el gobierno anterior para financiar actividad política. Se deben aplicar las responsabilidades políticas de las autoridades, y son graves los dichos del Contralor, ya que habla de una verdadera asociación ilícita que se trata de amparar en la ley, no es aceptable”.
La parlamentaria oficialista María Candelaria Acevedo (PC), dijo que “se trata de un informe certero, y apunta a que los informes directos no fueron legales y en ellos se cometieron faltas. Las instituciones deben asumir y dependiendo de las responsabilidades serán las penas. Pero en la Ley de Presupuestos existe un resguardo a los dineros fiscales que puedan ser entregados a este tipo de organizaciones”.
A su vez, la diputada Flor Weisse (UDI), apuntó a que “el informe de Contraloría viene a ratificar lo que hemos señalado desde el principio una falta de control en cada una de las etapas, desde que se recibió cada proyecto, se eligen las actividades, se definen los montos y se fiscalizan las rendiciones. Nos preocupa la derivación a Fiscalía. Nos interesa conocer todas las actividades y la asignación de recursos a ProCultura, que tiene una presencia y trabajo propuesta principalmente, en Lota”.
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