Circular de Hacienda obliga a que todos los proyectos sobre 500 UTM tengan boleta de garantía
El Caso Convenios ha obligado al Gobierno a tomar una serie de medidas ligadas a la probidad y la transparencia.
Una de ellas, fue anunciada en las últimas horas por el Ministerio de Hacienda y apunta a una circular distribuida a todos los entes públicos, incluyendo a los gobiernos regionales, con los que se pretende asegurar que los recursos que se transfieren a instituciones privadas sean destinados a los objetivos que se definen para ello estableciendo nuevos requisitos para disponer de las transferencias.
Ante esto, el ministro de Hacienda, Mario Marcel aseguró que “este documento reitera normas existentes y las complementa incorporando factores de riesgo que se han identificado en los eventos que se han conocido en las últimas semanas”.
A su vez, la directora de Presupuestos, Javiera Martínez, apuntó a que “este instructivo será complementado por las mejoras que incluirá el proyecto de ley de Presupuestos 2024, y por las recomendaciones que presente la Comisión Asesora Ministerial para la regulación de la relación entre las instituciones privadas sin fines de lucro y el Estado a fines de agosto”.
En la circular, hay dos puntos que pueden ser considerados como claves de cara a lo que espera comenzar a realizar el Ejecutivo para dar por superado el Caso Convenios y dar esta página por cerrado.
Uno de estos factores es que desde el pasado viernes, cuando entró en vigencia esta circular, toda asignación de dineros destinada a receptores privados se deberá aplicar reglas generales de contratación, esto quiere decir, que en caso de trato directo, que es lo más similar a la asignación directa, explicaron desde Hacienda, deberá existir más de una propuesta a analizar antes de definir quien ejecutará los recursos fiscales.
A lo que se suma, que toda institución privada debe estar en el Registro de Colaboradores, acreditar antigüedad, experiencia y objeto social.
Otro de los puntos que resulta clave en estas asignaciones apunta a las garantías, puesto que ahora será obligatoria en todo convenio superior a las 500 UTM ($32 millones), con un mínimo del 5% del total del programa.
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