La Corte de Apelaciones de Concepción ratificó una sentencia que acogió una acción por discriminación arbitraria presentada por los padres de un niño de siete años con Síndrome de Prader-Willi y Trastorno del Espectro Autista (TEA). El fallo determinó que el Hospital Guillermo Grant Benavente incurrió en un trato discriminatorio al rechazar la cobertura de una órtesis electromagnética requerida para tratar una escoliosis severa.
La resolución estableció que el centro de salud vulneró el derecho a la igualdad y a un trato digno, al negarse a adquirir el dispositivo (barras electromagnéticas) pese a que este tratamiento ya había sido entregado a otros pacientes en condiciones similares. Además, se consideró que era la alternativa más adecuada para el menor, especialmente por su condición neurológica.
Familia valora resolución
Tras conocerse el fallo, la madre del niño, Danixa Pacheco, expresó su satisfacción con la decisión judicial. “Teníamos la esperanza que el fallo fuera favorable a nosotros y creemos que es lo justo”, señaló. Añadió que valoró el resultado después de un proceso prolongado.
Asimismo, destacó que el caso ha tenido efectos positivos más allá de su situación particular. “A raíz de este caso, tengo entendido, el hospital firmó un convenio con la empresa que trae estas barras electromagnéticas para poder operar a otros niños pequeños. Esto no sólo fue positivo para nosotros”, afirmó.
Según lo acreditado en la sentencia, la negativa del hospital obligó a la familia a costear de forma privada la órtesis, con un gasto superior a 23 millones de pesos, lo que permitió realizar la cirugía en enero de 2023. El tribunal concluyó que esta decisión careció de justificación razonable y afectó directamente el derecho a la salud y la integridad del niño.
El fallo ordenó al hospital reembolsar $23.383.500, monto reajustable según el IPC, además de pagar una multa de 5 UTM. Desde la Corporación de Asistencia Judicial del Biobío, su abogado jefe destacó la relevancia del caso como precedente en materia de no discriminación en salud, mientras que el seremi de Justicia, Robert Contreras, subrayó que “Acciones de este tipo reafirman nuestro compromiso con la protección de los derechos de las personas y el acceso efectivo a la justicia, en especial para quienes enfrentan barreras para hacer valer sus derechos”.
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