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Venezuela, bajo el régimen de Maduro, presentó un aumento del 254 % en las detenciones por “expresar opiniones” respecto del año pasado. El registro lo entregó en el informe anual de la ONG Espacio Público, el cual documentó 99 casos de detenidos, frente a los 28 contabilizados en 2023. 

Según el informe, del total de detenidos, 71 eran “particulares” y 24 correspondían a “periodistas y trabajadores de la prensa”, mientras que el resto se distribuyó entre integrantes de ONG y empleados público. El documento también señala que, en este aumento, al menos 36 de las detenciones se dieron bajo acusaciones de supuesta instigación al odio y otras 28 estuvieron relacionadas con el uso de redes sociales o internet.

Detenciones arbitrarias como herramienta

En el documento rescatado por EFE se menciona que "las detenciones arbitrarias fueron una de las principales herramientas utilizadas por el Estado para silenciar a quienes ejercen la libertad de expresión. Esta escalada de la represión refleja una estrategia gubernamental dirigida a controlar el discurso público y a limitar el espacio cívico, la cual se intensificó a partir del proceso electoral presidencial (del 28 de julio)".

Espacio Público destacó que las elecciones presidenciales, en las que Nicolás Maduro fue proclamado ganador, marcaron un hito negativo en la garantía de derechos humanos. En ese contexto, la organización asegura "se documentó una intensificación de la persecución y el hostigamiento contra ciudadanos, especialmente hacia opositores políticos, activistas y periodistas".  

Por otro lado, la ONG menciona que “durante el período previo y posterior a las elecciones, se registraron numerosos casos de detenciones arbitrarias, amenazas, intimidación y allanamientos a viviendas de figuras opositoras". También hace énfasis en que ese "clima de miedo y control buscó silenciar a la oposición y socavar la legitimidad del proceso electoral". 

Aumento en las leyes para facilitar detenciones en Venezuela 

Espacio Público sostiene que la aprobación y el impulso de “leyes regresivas” agravan un escenario ya severamente restringido. Entre esas normativas menciona la de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las ONG y Organizaciones Sociales, aprobada en agosto de 2024 por la Asamblea Nacional, controlada por el chavismo. 

Según la ONG, con esta ley el Estado venezolano "concretó la ilegalización de las organizaciones de la sociedad civil y, con ello, desnaturalizó el ejercicio del derecho a la asociación, al violentar los principios de autonomía e independencia". Según los datos de Espacio Público, en Venezuela existió una disminución del 7,9% de las violaciones a la libertad de expresión, ya que se registraron 93 violaciones a la libertad de expresión en el primer trimestre del año, una disminución respecto a las 101 que hubo en el mismo período de 2024. EFE 

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