Recurren a la justicia ante caso de bullying escolar en Concepción: Colegio habría anulado sanciones a agresores

A la Corte de Apelaciones de Concepción recurrió una familia penquista, a raíz de una posible negligencia en el actuar del Colegio Almondale Lomas en un caso de bullying ocurrido en el recinto en diciembre del año pasado.

El episodio afectó a un estudiante de enseñanza media, quien el día 6 de diciembre se escapó del recinto educacional por una pandereta, lo que es notificado a la madre, quien asiste al colegio para conocer las medidas que tomó el colegio ante el episodio. Tamaña fue la sorpresa al verificar que no habían tomado alguna acción para iniciar la búsqueda del menor.

El estudiante involucrado es hallado por un familiar en las cercanías de un edificio abandonado en Hualpén, tras intentar acabar con su vida. Este relató que era víctima de “graves insultos, golpes y vejámenes por parte de sus compañeros”.

Entre las acciones de las que era víctima se encuentra “llenar su casillero de basura, tirarle cascaras de naranjas, tirarle un jamón en cara, mojarlo, sacarlo a tirones de su puesto, hacerlo callar, reírse de él diciéndole gordo, asqueroso, hediondo, rompiéndole sus objetos personales como cuadernos, tirando su mochila a lugares de difícil acceso, obligándolo a darle las tareas, responderle pruebas, fotografiar sus tareas y compartirlas en grupo de whatsapp”.

Reunión con la psicóloga

Tras conocer estos antecedentes, la apoderada asiste al colegio para informar de lo que ocurre con su hijo y sostiene una reunión con la psicóloga, el jefe de ciclo y el profesor jefe.

Al menor se le practican tres evaluaciones que arrojan alto riesgo de conductas suicidas a raíz de los constantes vejámenes de los que era víctima.

Ese mismo día el recinto educacional abre una investigación, en la que encuentra culpable a los estudiantes de lo ocurrido, incluso, a dos de ellos “por la reiteración de la conducta, ya que ellos habían sido victimarios de otro compañero durante el año 2022, se determina la cancelación de la matricula”, explica la familia.

Eso sí, la familia argumenta ante la justicia que “dichas sanciones en la práctica no se hicieron efectivas, ya que la cancelación de matrícula a los dos alumnos mencionados fue revocada y continuaran siendo alumnos regulares durante el año 2024, y la condicionalidad extrema solo tiene efecto para el año 2023, es decir, que duro cero días ya que el 12 de diciembre los estudiantes ya habían terminado el año escolar, en conclusión, el colegio no aplica ninguna sanción para los agresores. Y deberá convivir con ellos durante el año 2024, poniendo nuevamente en grave riesgo su vida”.

No se puede cancelar matricula, a pesar de la reincidencia

Desde el Colegio Almondale Lomas, al ser consultados por Sabes.cl, indicaron que no han sido notificados de la acción judicial, pero si se refirieron al episodio que vivió el estudiante.

Reconocen que “se activó el Protocolo de Actuación frente a Situaciones de Maltrato, Acoso Escolar o Violencia entre Pares. Se inició la investigación respectiva, la que concluyó que la denuncia de bullying era efectiva, razón por la cual el colegio sancionó a 8 estudiantes con la medida de condicionalidad en la matrícula”.

Agregan que “en el caso de dos de ellos, que ya habían estado involucrados en un episodio de bullying contra otro alumno en 2022, se ordenó la caducidad de matrícula. Sin embargo, la medida no pudo hacerse efectiva, ya que la Superintendencia de Educación solo permite la caducidad de matrícula de un alumno cuando ha resultado responsable de bullying en más de una ocasión dentro de un mismo año escolar”.

Desde el recinto educacional cierran el comunicado con que “lamentamos la situación acontecida y, dado que no podemos pasar por sobre una resolución de la Superintendencia de Educación, recurrimos a una serie de medidas, entre otras, la reagrupación de los alumnos implicados en diferentes cursos”.

Directores deben informar

Sabes.cl consultó a la Superintendencia de Educación sobre esta situación que plantea el colegio, fue el superintendente en el Biobío, Carlos Martínez quien respondió que "la Ley de Inclusión fue la que reguló este procedimiento estableciendo un mecanismo para que los establecimientos que reciben recursos del Estado pudieran hacer efectivas estas medidas en aquellos estudiantes que cometan actos que afecten gravemente la convivencia escolar, siempre que hubiere estado prevista su sanción en el Reglamento Interno, contemplando las garantías de un justo y racional procedimiento o debido proceso.

Martínez complementó con que "cuando las directoras y/o directores de establecimientos hagan efectiva una medida de expulsión y/o de cancelación de matrícula, deben informar de su aplicación a la Superintendencia dentro del plazo de cinco días hábiles, a fin de que ésta revise, en la forma, el cumplimiento del procedimiento.

La autoridad cierra con que "la normativa educacional no faculta a la Superintendencia para ordenar a los establecimientos educacionales la reincorporación de los estudiantes a los que éste haya aplicado la medida de expulsión o cancelación de la matrícula, aun cuando estos no se hayan ajustado al procedimiento contemplado en la normativa educacional.

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