Corte de Apelaciones de Concepción mantiene arresto domiciliario para los 5 formalizados en el Caso Lencería
La Corte de Apelaciones de Concepción decidió mantener el arresto domiciliario a los cinco imputados en el denominado Caso Lencería.
Fue la Segunda Sala del Tribunal de Alzada penquista, la que determinó que Camila Polizzi, Sebastián Polanco, Diego Polanco, Rodrigo Martínez y Simón Acuña quedarán bajo la cautelar de arresto domiciliario total, tras escuchar los alegatos del Ministerio Público, Consejo de Defensa del Estado (CDE) y las respectivas defensas.
La relatora de la sala, Cristina Campos explicó que “por ahora, atendido que todos los imputados gozan de irreprochable conducta anterior, las medidas cautelares impuestas son suficientes, razonables y proporcionales para las finalidades del procedimiento. Por estas consideraciones, se confirma la resolución de 30 de noviembre de 2023, dictada por el Juzgado de Garantía de Concepción, que decretó las medidas cautelares de privación total de libertad en sus casas y de prohibición de salir del país”.
En los alegatos, la fiscal María José Aguayo hizo hincapié en los antecedentes en los que fundamentó la formalización de cargos y cuestionó los argumentos que tuvo el juez Iohan León para decretar el arresto domiciliario total.
“No se está tratando de acreditar un concierto entre los cinco imputados, aquí existen infracciones de deber por parte de Martínez y Acuña como funcionarios públicos. Además existe un concierto entre Polizzi y los hermanos Polanco, pero no entre los cinco imputados. El entender que no hay engaño suficiente porque tres funcionarios son los que contribuyen en la perpetuación del delito de estafa también es errado. Aquí hay una serie de personas que habrían sido objeto del engaño, no una entidad”, argumentó la persecutora.
Quién agregó que “solo se puede aplicar el activo penal de fraude de subvenciones cuando los fondos son públicos, es una consideración jurídica que por lo menos el Ministerio Público no comparte”.
A su vez, la representante de CDE, Giselle Inostroza, apuntó a las conductas de Polizzi, como la estatificación de cuentas bancarias y el uso de testaferros, a lo que suma el traspaso de dineros del programa a la Otec Frumisal que no fue utilizado en el proyecto.
“De los dineros que el Gore le pasó a la fundación en Tí, que fueron $250 millones, la fundación entregó a la Otec Frumisal $139 millones para realizar algunas de las actividades que estaban comprometidas en el programa, que eran 45, de las cuales no se han realizado, o por lo menos no hay acreditación de que se hubieran realizado estas. Y si algo se hizo, fue solo para aparentar y simular que se estaba haciendo algo” expresó la jurista.
Sin fundamento
En tanto desde las defensas de los cinco imputados, argumentaron ante la Sala que no existen antecedentes para modificar las cautelares por una más gravosa.
El defensor público Jaime Pacheco, indicó ante estrado que “no hay engaño acá, tanto la estafa como la obtención de prestaciones indebidas en el fraude de subvenciones, se hubiese realizado por error. Porque en ambos delitos, quien efectúa, quien se introduce la mano a su bolsillo y efectúa la disposición, es la propia víctima”.
O sea, según el defensor Pacheco, "es la propia víctima la que entrega, no es que el sujeto activo le introduzca la mano en la chaqueta y le sustraiga la billetera, no. Es la propia víctima la que introduce su mano, abre la billetera y entrega. Bueno, si eso lo hace la víctima, ¿por qué hago responsable a un tercero?”.
La defensa de Simón Acuña, a cargo de la abogada Francisca González, sostuvo que “en primer lugar, esto de explicarle la fórmula para obtener fondos a través de una corporación o fundación es lo que ya hemos explicado. Que, si bien su proyecto no tenía los dos años de antigüedad, podía conversar, podía buscar una fundación que sí cumpliera esto y entrar a una alianza. Pero aquello no es sinónimo de decir oiga, vaya y arriende una fundación”.
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