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Los resultados que han arrojado los peritajes que ha realizado la PDI en medio de las indagatorias por los incendios forestales que afectaron a la Región del Biobío durante el verano pasado llevan a tomar algunas decisiones.
Si bien, la Fiscalía, tras estos resultados decidió concretar una serie de allanamientos en las oficinas de dos empresas eléctricas y apunta a determinar responsabilidades en los empleados de una posible mala mantención de las fajas.
Con estos antecedentes, algunos afectados ya estudian iniciar acciones legales contra las empresas involucradas a raíz de las pérdidas que tuvieron.
Uno de ellos es Carlos Cid, quien se encontraba esa noche en su vivienda emplazada en el límite comunal de Santa Juana y Nacimiento, quien aseveró que sufrió daños no solo materiales, sino que psicológicos, ya que “estaba con mi familia, en la noche, el fuego estaba a 20 kilómetros y en la madrugada fuimos a apoyar a un tío, y ya había quemado varias casas”.
La acción legal que planea presentar se debe a que “los cables eléctricos estaban muy pegados a los bosques y las llamas se propagaron muy rápido, la ayuda no llegó muy rápido y prácticamente dejaron que se quemaran. Nosotros, casi no recibimos ayuda, no tenemos energía eléctrica”.
Por su parte, el abogado Andrés Durán, apuntó a que “la querella será contra las eléctricas, ya que el informe que emitió el Ministerio Público, él quedó con lo puesto, perdió todo, sus cosas, su historia y buscamos que se repare eso. Creemos que podemos cooperar al Ministerio Público con algunas diligencias”.
Además, el jurista adelantó que preparan acciones civiles y que en esta etapa “no se puede descartar nada”.
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