La Junta Nacional de Jardines Infantiles (Junji) cuenta dentro de su personal con una educadora de párvulos involucrada en un caso de maltrato infantil que terminó en el asesinato del menor afectado. Actualmente, a cuatro años del incidente, la institución la mantiene como directora de un jardín infantil.
El establecimiento se ubica en la región Metropolitana, y el caso se remonta a 2022, cuando la mujer fue sumariada y sancionada por destruir evidencia clave en el abuso sexual y homicidio contra un niño menor de 2 años. El crimen fue cometido por el padrastro del menor, quién terminó suicidándose poco después de lo sucedido.
Esta situación fue revelada por el medio Ciper, el cual relató que un día antes de su muerte, tres educadoras detectaron lesiones en el menor. Sin embargo, la otrora directora subrogante del recinto no interpuso una denuncia ni elevó la situación a las autoridades correspondientes.
Como si no fuera suficiente, al día siguiente la funcionaria destruyó el cuaderno donde las lesiones del niño habían sido consignadas previamente. Por ello, la trabajadora fue sancionada con firma mensual por un año y la petición de disculpas públicas, lo cual ya fue cumplido.
“Dicho procedimiento se encuentra concluido y las medidas dispuestas en su resolución final fueron debidamente ejecutadas”, respondió Junji ante la consulta del sitio mencionado previamente.
Con información pública de la institución, se pudo confirmar que la funcionaria no tan solo nunca fue desvinculada, sino que incluso recibió un cargo de mayor importancia tras lo ocurrido. Si bien no se sabe con exactitud cuando asumió como directora de un jardín infantil capitalino, un documento de 2025 confirma que ya lleva varios meses en el puesto.
“Tenía tanta rabia y estaba llorando”
En concreto, la situación ocurrió en agosto de 2022, cuando el niño llegó a su jardín infantil con moretones en el tórax, hombro, cabeza, piernas y pie. Esto quedó registrado en una bitácora del establecimiento, pero pese a la gravedad del caso, no se realizó ninguna denuncia ante Fiscalía, como exige la ley.
Además de ello, el protocolo interno del recinto estipulaba que al detectar un incidente como este, se debía llevar a cabo una visita a la casa del menor. Aquello no se cumplió, ni siquiera con la facilidad que conllevaba tal acción, pues el niño vivía frente al establecimiento.
Luego, al día siguiente, cuando la directora subrogante se enteró del fallecimiento del infante, acudió al jardín infantil y destruyó las anotaciones de las lesiones previas. Según reveló Ciper, la razón por la que la funcionario destrozó aquel registro fue porque “tenía tanta rabia y estaba llorando. Los apreté y quedaron sucios. Perdí el control, empecé a golpear cosas. Pero confirmo que después yo me retracté de todo eso, me di cuenta que fue un error”.
En cuanto al padrastro, responsable del asesinato, se trataba de un hombre de 25 años quien quedó recluido en la cárcel Santiago 1. Sin embargo, no alcanzó a llegar una sentencia definitiva, pues el sujeto se suicidó a los dos días de cometer el crimen.
“¿Quién garantiza que no va a volver a pasar?”
La abuela paterna del menor asesinado, Elizabeth, es representada legalmente por la Fundación Amparo y Justicia. Tras todo lo que ha sido este proceso, lo que más le preocupa es hacer público el caso y prevenir que una situación similar pueda repetirse.
“Lo mínimo es que una persona que no se hace cargo de sus niños, no pueda trabajar con ellos. ¿Quién garantiza que no va a volver a pasar? ¿Quién garantiza que a lo mejor en el pasado estas cosas hayan pasado más de una vez? No lo sabemos”, afirmó.
En tanto, la directora de la Fundación Amparo y Justicia, María Elena Santibáñez, sostuvo que “hubo una vulneración mayor que la conducta de no denunciar, ya que hay una conducta activa de la directora, o sea, la que tiene un mayor deber respecto de los menores que están a su cargo. Es quien activamente ordena una conducta dolosa, que es destruir un documento que pertenece al jardín infantil de la Junji”.
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