La Fiscalía de Chillán formuló cargos contra tres nuevos imputados por el caso de corrupción al interior del sistema judicial de Los Ángeles.
Se trata de uno de los sujetos que contrató los servicios de las abogadas implicadas, además de los funcionarias del estudio jurídico de Andrea Romero y Susana Cortes, a estas últimas se les formuló cargos por asociación criminal y acceso indebido reiterado.
En ese sentido, el fiscal jefe de Chillán, Sergio Pérez explicó que “ambas funcionarias accedieron a los sistemas particulares de la Fiscalía y Defensoría Penal Pública, lo que permitía al estudio jurídico acceder a información privilegiada de manera ilícita. El conocimiento de estos antecedentes reservados les otorgaba una ventaja, mejorando la puesta en escena y también cuánto podían cobrar por cada caso”.
A su vez, la querellante por parte del Consejo de Defensa del Estado (CDE), Mariella Dentone, estimó que “consideramos que los antecedentes justifican que existe una actuación en grupo o pandilla. Aquí se les apunta por una serie de accesos a sistemas informáticos y la defensa pretende sugerir que al ser funcionarias de las coimputadas no tenían conocimiento de la ilicitud de la actividad que ellas hacían”.
Entrega de armas coordinada desde la cárcel
Otro episodio que quedó al descubierto en la audiencia de formalización de este martes, fue que M.B.B. coordinó desde la cárcel una entrega de armas para configurar una atenuante en su causa judicial.
Según el fiscal Sergio Pérez, el formalizado “era investigado por una serie de hechos y mientras se mantenía en prisión preventiva, las imputadas concertadas con el imputado realizaron acciones para lograr una colaboración eficaz falsa. Entre noviembre y diciembre de 2022, las abogadas y el imputado se mantuvieron en contacto a través de un celular, es ahí que informa que enviaría armas para configurar la colaboración en el procedimiento”.
Mientras que el defensor Cristian Rozas, manifestó que “las armas terminan en poder de la justicia, pero con pruebas falsas como dice la Fiscalía. Pero existe algún recurso de revisión a raíz de esto, no. Cualquier cooperación eficaz no se recibe desde los abogados, sino que por parte del imputado. Ambos delitos imputados no se satisfacen”.
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