La nueva ministra de salud, May Chomalí, en su primera visita oficial a la Región del Biobío, expuso que ella tiene conocimiento de que los 50 despidos en la salud primaria de Chiguayante obedecen a un recalculo de pacientes inscritos en el sistema, y para ello se requiere un número menor de funcionarios.
“Esta es una resolución municipal. Según lo que entiendo, se adecuó la dotación de trabajadores a la población inscrita. La reducción del personal no tiene relación alguna con el presupuesto”, afirmó.
Con lo anterior se refiere a que la dotación sanitaria es directamente proporcional a la población registrada que recurre a los centros asistenciales. Si aumenta la cantidad de gente inscrita, también lo hará el número de funcionarios; y viceversa.
Esta versión es totalmente contraria a la primera información que entregó el municipio a través del administrador Yury Espinoza, quien expuso que hay una “situación presupuestaria que es compleja“.
Con esta determinación, según expuso la concejala Mayerlin Suárez, son 1600 horas semanales que quedan sin atención profesional.
Acorde al registro de desvinculados, el área más afectada será la de salud mental. Allí entran trastorno del espectro autista (TEA), cuidados paliativos y enfermedades crónicas en los cuatro Cesfam de la comuna.
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