Con fecha límite fijada para 2035, el Gobierno publicó este lunes una nueva ley que modifica el Sistema de Educación Pública y obliga a los municipios pendientes a concretar el traspaso de colegios a los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP).
La ley 21.819 incorpora nuevas medidas para enfrentar uno de los principales problemas del sistema durante los últimos años, como retrasos administrativos, falta de infraestructura y dificultades financieras en distintos territorios del país. Entre los cambios más relevantes aparece la creación de un Fondo para la Infraestructura Escolar, destinado exclusivamente a financiar reparaciones, mantenciones, construcción y renovación de establecimientos públicos.
El nuevo mecanismo podrá recibir recursos del Estado, gobiernos regionales, municipios y donaciones privadas exentas de impuestos. Además, los bienes destinados a educación financiados mediante este sistema serán inembargables.
Nueva ley permite contratar obras y reemplazos docentes de forma más rápida
Otro de los cambios centrales apunta a agilizar la operación diaria de los SLEP. La normativa ahora autoriza contrataciones directas para ejecutar obras de infraestructura y también facilita la contratación de profesores reemplazantes cuando existan ausencias superiores a 7 días.
“Esta facultad solo podrá ejercerse cuando exista disponibilidad presupuestaria en el Servicio Local; asimismo, los recursos destinados para el pago de los gastos en personal asociado a los reemplazos no podrán superar aquellos que se destinan regularmente al personal reemplazado”, indica la ley.
La normativa también crea Oficinas Locales para territorios con problemas de conectividad o largas distancias, especialmente en zonas rurales donde el traslado entre establecimientos y oficinas administrativas genera complicaciones para el funcionamiento del sistema.
Municipios arriesgan sanciones si incumplen proceso de traspaso
La ley además endurece el control sobre municipios que aún mantienen la administración educacional. Las comunas deberán ejecutar planes obligatorios para ordenar sus finanzas y evitar nuevas deudas antes del traspaso definitivo a los SLEP.
En caso de incumplimientos, la Contraloría podrá aplicar sanciones contra alcaldes, incluyendo multas, amonestaciones e incluso suspensión del cargo.
El Ministerio de Educación también quedará facultado para pagar directamente deudas previsionales pendientes de municipios, descontando posteriormente esos recursos desde el Fondo Común Municipal. Bajo ese contexto se establece que todos los municipios “deberán realizar el traspaso del servicio educacional al Servicio Local de Educación correspondiente a más tardar el año 2035”.
Ley incorpora apoyo psicosocial y nuevas garantías laborales
La legislación también suma medidas para trabajadores y estudiantes del sistema público. Entre ellas, se permitirá que docentes puedan trasladarse entre distintos SLEP manteniendo antigüedad y remuneraciones.
Además, asistentes de la educación podrán extender automáticamente contratos durante enero y febrero bajo ciertas condiciones, mientras que trabajadores de zonas extremas accederán a una Bonificación de Zona si reciben remuneraciones inferiores a $1.600.000.
En paralelo, los SLEP deberán implementar planes de monitoreo y apoyo psicosocial para evitar la deserción escolar y revincular alumnos que abandonaron el sistema educativo.
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