El Gobierno ingresó al Congreso un proyecto de ley que busca extender los plazos para ampliar el periodo de presentación en los estudios de seguridad privada y autorizaciones para el personal que se desempeña en el rubro, ante eventuales crisis operativas o administrativas en la industria.
La iniciativa se presentó a inicios de mayo por parte de La Moneda y se enmarca en la Ley de Seguridad Privada, del año 2024. El documento propone extender desde seis meses a un año los plazos establecidos, fijando como nueva fecha límite el 28 de noviembre de 2026.
En ese sentido, desde el Ministerio de Seguridad puntualizaron que a menos de 10 días de la fecha original en que termine el plazo impuesto, solo dos entidades obligadas a presentar estos estudios de seguridad ya lo hicieron y ninguna logró obtener las nuevas autorizaciones que exige el sistema.
Las cifras en la Ley de Seguridad privada
La norma explica que existen en Chile; 393 entidades que deben presentar estudios de seguridad y más de 3.600 sucursales que deben contar con planes de específicos, según las exigencias del reglamento. Eso sí, el bajo nivel de cumplimiento que existe a la fecha genera el riesgo que numerosas entidades queden bajo una infracción o con estudios deficientes que por el solo hecho del paso del tiempo sean aprobados de forma automática.
A lo anterior, se suma que más de 220 mil personas trabajan en el sector de seguridad, de ellas 35.340 enfrentan el vencimiento de sus autorizaciones antes del 28 de mayo. De estos, 31.686 corresponden a guardias de seguridad y el resto a conserjes. Pero a la fecha, se capacitó a 9.132 personas, y sólo 2.688 rindió sus exámenes.
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