Una abrumante situación viven 13 mil adultos mayores, tras haber sido notificados de la suspensión de la Pensión Garantizada Universal (PGU) que reciben mensualmente, aparentemente por un error administrativo en el Instituto de Previsión Social (IPS).
En la misiva que le llegó a cada beneficiario, se indica que a causa de pasar 180 días en el extranjero, se cancela la adjudicación del beneficio, lo que desconcertó a muchos que aseguran no haber salido del país.
Según información recopilada por 24 Horas, las palabras exactas de la carta son: “De acuerdo con los datos proporcionados al Instituto de Previsión Social (IPS) por organismos externos, durante el año calendario anterior has permanecido fuera del territorio de la República de Chile por un periodo superior a 180 días, ya sea de forma continua o intermitente”.
Una de las beneficiarias afectadas por esta situación expuso que “Muchas personas están pasando malos momentos por un descuido y por un desorden que tiene esta gente. Nos tratan como delincuentes y, a la vez, nos llevan a que nosotros solucionemos los problemas”.
Según informó el mismo medio, el IPS afirma revisar de forma periodica el requisito de permanencia en el país para mantener el beneficio de la PGU.
El monto que quedaría sin pagar asciende a los $3.380 millones, lo que pone en juego la rápida resolución a este inesperado problema que afecta a miles de adultos mayores.
Presidente Boric se pronuncia por el error
El mandatario se refirió al tema en conversaciones con Radio Futuro, donde mencionó que “hay muchas personas alegando que no han pasado 180 días, entonces lo que decidimos como gobierno es no aplicar esto y que se investigue y se cotejen bien los datos para que puedan tener tranquilidad respecto de eso, de que acá no va a haber ningún tipo de irregularidad”.
Por otra parte, durante esta jornada, el IPS también hizo referencia a esta situación, y comunicó que “durante este mes, se ha determinado mantener la entrega de su beneficio hasta realizar una nueva revisión junto a los organismos competentes”.
El comunicado del Instituto terminó con que “queremos dar la tranquilidad de que ninguna persona se quedará sin su PGU si cumple los requisitos legales. Por eso aprovechamos este medio para reiterar a las personas beneficiarias que sus pagos seguirán vigentes mientras se hace una revisión más acabada de sus antecedentes de residencia”.
A estas declaraciones se suma la crítica de la diputada Marlene Pérez, quien decidió recurrir a la Contraloría General de la República, donde solicitó una auditoría y la apertura de un sumario administrativo en el Instituto de Previsión Social.
Según expuso, “un comunicado y una disculpa pública no reparan el daño causado ni explican cómo se llegó a una decisión de esta magnitud. Aquí se vulneró gravemente la dignidad de miles de adultos mayores y eso no se soluciona solo pidiendo perdón“
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