La Corte ordenó que una mujer condenada por el parricidio de su esposo, un ex suboficial mayor del Ejército, reciba la pensión que el Estado entrega a viudas y viudos pensionados de las Fuerzas Armadas. En un fallo de la Corte de Apelaciones de la capital de Magallanes, esta ordenó la entrega de $150 millones a la “Quintrala de Punta Arenas“. Así la apodó la prensa cuando estalló el caso.
En el 2012, Irma Ovalle Oyarzún contrató a un sicario para asesinar a Didier Mansilla Rivera, quien la sometía a “maltratos y golpizas”. Ella y su cómplice crearon el perfil falso de una mujer en Facebook para atraerlo a una cita, dándole muerte con un cuchillo al cuello. El 2013 la condenaron a 20 años de prisión efectiva.
Aun así, el 2017 solicitó el beneficio heredado por la muerte de su cónyuge, pero la Caja de Previsión de Defensa Nacional (Capredena) no ejecutó los pagos. El abogado de Ovalle, Marcos Ibacache, asegura que la mujer no pidió el pago hasta el 2023, descubriendo la deuda.
Según explicó a LUN, “Capredena indicó en un momento que recibió un oficio del Consejo de Defensa del Estado (CDE) en el que se invocaba una causal de indignidad”. Declarándola una “persona indigna”, como contempla el Código Civil para personas responsables de “homicidio, femicidio, parricidio o infanticidio en la persona del difunto”.
Sin embargo, Ibacache insiste en que no se impone de forma automática, “debe llevarse la causa a un tribunal civil“. Lo que reforzó el abogado Francisco Talep al mismo medio, “no produce efecto alguno si no es declarada en juicio”.
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