Tras el informe de Contraloría que detectó 164 casos de personas contratadas en instituciones públicas mientras tenían inhabilidad para trabajar con menores de edad entre el 2020 y 2025, los municipios de Concepción y Tomé recibieron la nómina de funcionarios bajo su alero. La tercera identidad del Biobío mencionada por el órgano fiscalizador, San Pedro de la Paz, identificó a un trabajador la semana pasada.
En Tomé, la reacción inicial al Consolidado N°19 fue reforzar sus protocolos internos de revisión y control administrativo. “La dirección ha oficiado a todas sus unidades para que informen acerca del cumplimiento efectivo de este requisito“, señaló entonces el director jurídico Patricio Martínez Olate.
Tras recibir la nómina, sólo 1 caso se identificó en el municipio tomecino. Se trata de un funcionario que prestó servicios entre el 2017 y 2023, “sin mantener relación contractual posterior a dicho período”, señaló la casa comunal. Por lo mismo, aseguró que “no existe, ni ha existido durante la presente administración” alguien que esté inhabilitado para trabajar directa o indirectamente con niños, niñas y adolescentes.
Pese a que este medio consultó dónde se desempeñaba este trabajador, la municipalidad indicó que Contraloría solicitó confidencialidad en torno a la información.
Concepción cambió de unidad a funcionario inhabilitado
En lo que respecta a la municipalidad penquista, el jueves recibieron la nómina de Contraloría que identificó a dos funcionarios, ambos hombres, con inhabilidad para trabajar en contacto directo o indirecto con menores de edad. A raíz de estos casos se iniciaron sumarios administrativos.
El primero de ellos solo prestó servicios durante unos días del 2025, indicó el administrador municipal Boris Negrete, “y no tuvo contacto con menores”. La particularidad de este caso es que en su ingreso presentó un certificado, pero no evidenciaba su condena. “Lo que va a tener que determinar el sumario, es si es que efectivamente ese certificado era correcto, legítimo o fue adulterado. Si quién tenía que revisar, revisó o no como correspondía”, agregó.
En cuanto a la segunda contratación detectada, es un funcionario que entró el 2020 y actualmente presta servicios al municipio. Dada su trayectoria en la casa comunal, no pueden impugnarlo de inmediato, indicó Negrete. Aun así, “hoy lunes, dentro del transcurso de la mañana, fue notificado de que iba a ser cambiado de funciones (…) A efecto de que no tenga contacto, por cierto, con menores”, explicó el administrador.
Consultado sobre si es posible que la condena de inhabilidad haya sido adquirida mientras esta persona trabajaba en la municipalidad, “es una de las cosas que justamente va a tener que determinar el sumario administrativo que se ha incluido por parte del alcalde”, cerró Negrete.
Con esto, son cuatro funcionarios identificados en Concepción, Tomé y San Pedro de la Paz como inhabilitados para trabajar con NNA por la Contraloría.
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