Contraloría detectó que al 2025 habían 35 personas que, a pesar de estar inhabilitadas para trabajar con menores de edad, ejercían funciones en servicios públicos con contrato y contacto directo y habitual con ellos. Dentro de las las 32 instituciones que incurrieron en esta práctica el año pasado, tres son municipios del Gran Concepción.
De acuerdo al Consolidado de Información Circularizada (CIC) N°19, entre el 2020 y el 2025 se registraron 164 casos en 72 entidades. Entre ellas, municipalidades y corporaciones municipales, hospitales y Servicios Locales de Educación Pública.
El informe consideró a personas con inhabilitaciones temporales o perpetuas del Registro Nacional de Condenas. Estas se imponen tras cometer delitos de connotación sexual contra menores de edad, o delitos contra la vida o la integridad física y/o psíquica de menores de 18 años.
Dentro de la intercomuna, el CIC menciona a la municipalidad de San Pedro de la Paz, de Concepción y de Tomé. Al 2025, mantenían contratadas a personas inhabilitadas, aun cuando los puestos de relación con menores exigen la búsqueda de una condena de este tipo. Luego de la publicación del reporte, ambas se preparan para tomar medidas.
Desde la casa comunal penquista, señalaron que “solo podemos comunicar que no hemos sido notificados aún de parte de la CGR. Una vez que esto ocurra podremos analizar el documento y referirnos públicamente a la situación como Municipalidad“.
En tanto, desde el municipio sampedrino el director jurídico José Cisternas Tapia, indicó que “estamos a la espera de que la CGR nos entregue una nómina detallada con las personas involucradas”. Con el fin de ejecutar “los procedimientos disciplinarios de rigor”, agregó.
Frente a esto, la instrucción de Contraloría es que cumplan con la normativa vigente e investiguen las responsabilidades detrás de estos nombramientos. Asimismo, fijó un plazo de cinco días hábiles para reportarlas a la entidad fiscalizadora.
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