En tres municipalidades del Gran Concepción se detectó la contratación de personas inhabilitadas para trabajar con menores de edad en puestos que los mantenían en contacto con niños, niñas y adolescentes. Así lo publicó la Contraloría General de la República (CGR) en el Consolidado de Información Circularizada (CIC) N°19.
Hasta el 2025, las casas comunales de Tomé, Concepción y San Pedro de la Paz tenían empleados con condenas de este tipo. Presuntamente, sin haber realizado el cruce de información exigido por el Decreto Ley 645.
Las declaraciones de las municipalidades coinciden en que esperan recibir información adicional de la Contraloría.
Desde Concepción, ayer indicaron que “no hemos sido notificados aún de parte de la CGR. Una vez que esto ocurra podremos analizar el documento y referirnos públicamente a la situación como Municipalidad“, postura que mantienen este miércoles. El alcalde Héctor Muñoz, “estamos esperando ese informe, apenas nos llegue, si abarca un periodo anterior o nuestro periodo”.
En tanto, el director jurídico de San Pedro de la Paz, José Cisternas Tapia, señaló que requieren “una nómina detallada con las personas involucradas“, para iniciar las acciones exigidas por la CGR.
Frente a la ausencia del listado de nombres, su par en Tomé, Patricio Martínez Olate, “la dirección ha oficiado a todas sus unidades para que informen acerca del cumplimiento efectivo de este requisito al momento de hacer ingreso de los funcionarios”. Igualmente, insistió en recibir una nómina para “proceder a la regularización y al inicio de procedimientos disciplinarios”.
A partir de esta información, los municipios esperan responder a las exigencias de Contraloría.
Preocupación por la contratación de inhabilitados para trabajar con menores
La Defensoría de la Niñez precisó que “velar por el interés superior de niños, niñas y adolescentes es una obligación transversal de todas las instituciones públicas”. Por lo mismo, ofició a las entidades mencionadas, entre ellas Concepción, Tomé y San Pedro de la Paz, para conocer las medidas correctivas y preventivas para evitar que estas situaciones ocurran nuevamente.
Desde el Concejo sampedrino, la concejala Camila Ortiz expresó a SABES su “preocupación”. “Creo que los derechos de los niños y las niñas es algo que debemos resguardar con absoluta responsabilidad. E insisto, tenemos que ver el detalle de lo que acá pasó porque efectivamente podemos caer en vulneraciones de derechos gravísimas“, agregó.
No obstante, señaló que la administración aún no les informa formalmente de los hechos. Pero apuntó a que “debe haber un protocolo en la contratación y eso implica solicitar la información para verificar si la persona se encuentra afectada de alguna actividad”.
En la sesión del Concejo tomecino de hoy, la concejala Francisca Zúñiga manifestó que “no lo podemos analizar de una manera liviana. Este incumplimiento refleja fallas estructurales en los controles internos y una falta de rigor en la aplicación de una normativa cuyo objeto es la protección a la niñez”. Asimismo, condenó que se expone a los NNA a “riesgos absolutamente evitables”.
El alcalde de Tomé, Ítalo Cáceres, le respondió a la edil que “me sorprende, pero me preocupa” y “vamos a hacer lo posible por fortalecer el trabajo interno”.
Mientras tanto, los municipios tienen cinco días hábiles para responder a las exigencias de Contraloría, como desvincular a los contratados con condenas e iniciar sumarios.
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