Más de $447 millones en apuestas en casinos realizadas por funcionarios municipales de dos comunas del Gran Concepción fueron detectadas por la Contraloría General de la República, organismo que además identificó que un Inspector de la Municipalidad de Concepción jugó casi $200 millones.
El informe indicó que 11 trabajadores públicos infringieron una prohibición legal vigente entre enero de 2024 y junio de 2025, y reveló que los casos se concentran en dos comunas de la región del Biobío, donde los montos individuales y totales no solo son elevados, sino que además no se condicen con los ingresos de los involucrados.
¿Qué municipios del Gran Concepción están involucrados?
Los antecedentes apuntan directamente a las municipalidades de Concepción y Chiguayante, que figuran entre las entidades con mayores montos transados por funcionarios pese a la restricción.
En Chiguayante se detectó a 6 funcionarios que realizaron apuestas por un total de $225.076.843, mientras que en Concepción fueron 5 funcionarios con transacciones que alcanzaron los $222.353.433.
Dentro de los casos más llamativos aparece un Inspector General de la Municipalidad de Concepción, quien registró movimientos por $198.787.843, posicionándose entre los 10 funcionarios con mayores montos apostados a nivel nacional.
Mientras a la lista de los 20 trabajadores con mayores montos apostados, se suma un profesional de la Municipalidad de Chiguayante, con transacciones que alcanzaron los $193.096.310.
¿Qué dice el informe de Contraloría?
A nivel país, Contraloría identificó a 910 funcionarios públicos y municipales de 371 instituciones que realizaron apuestas en casinos por un total de $11.490.456.871 en el mismo periodo.
El informe también advirtió que 181 de estos funcionarios concentran el 96,8% del total apostado, es decir, más de $11.118 millones, lo que refuerza la sospecha de irregularidades, considerando que las cifras no se ajustan a sus remuneraciones.
Entre las instituciones involucradas figuran organismos como Carabineros, la Policía de Investigaciones, la Fuerza Aérea, la Tesorería General de la República y diversas municipalidades del país.
Enviarán antecedentes para determinar responsabilidades
Tras detectar estas transacciones, Contraloría informó que remitirá el listado completo de los 910 funcionarios a la Superintendencia de Casinos de Juego para que ejerza sus facultades de fiscalización e inicie eventuales sanciones. Además, los antecedentes serán enviados a las respectivas municipalidades y servicios públicos para que se instruyan sumarios administrativos y se determinen responsabilidades.
En paralelo, el organismo también derivará la información al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado, con el objetivo de evaluar posibles acciones en el ámbito penal y civil.
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