Contraloría detectó que en los municipios de San Pedro de la Paz, Concepción y Tomé tenían contratadas a personas inhabilitadas para trabajar con menores de edad, en puestos de contacto directo o indirecto con niños, niñas y adolescentes. La casa comunal sampedrina identificó al funcionario que les ganó la mención antes de la publicación del informe.
Se trata de un empleado de la Dirección de Salud que presta servicios desde el 2016. Durante esta jornada fueron notificados por el organismo fiscalizador. “Existe un caso respecto de un funcionario que fue contratado el año 2016, durante otra administración. Sobre el cual ya se manejaban antecedentes desde el primer semestre del año 2025, a raíz de una denuncia anónima“, señaló el director jurídico José Cisternas Tapia.
Tras esto, la municipalidad “informó estos antecedentes a la Contraloría y dispuso el inicio de una investigación sumaria. La cual se materializó a fines de octubre de 2025, nombrándose una investigadora. Asimismo, se ordenó invalidar el nombramiento del funcionario en cuestión“, agregó.
Consultado por este medio, el municipio precisó que el funcionario sigue en su puesto, dado que el decreto que ordena su salida aun no está firme. Si bien el empleado público ya está notificado, se encuentra en un plazo legal donde puede ejercer un recurso para apelar la medida.
Una vez que transcurra este plazo, sin que el trabajador lo dispute, se efectuará el cese definitivo de sus funciones.
Parlamentarios del Biobío exigen medidas tras informe de Contraloría
Frente al consolidado de Contraloría, parlamentarios de la región del Biobío coincidieron en su rechazo a las contrataciones detectadas, más allá de sus colores políticos.
La diputada María Candelaria Acevedo (PC) describió el hallazgo como “realmente preocupante y nos demuestra una vez más la fragilidad que existe en el aparato público”. Llamando a modernizar el sistema, “haciéndolo no sólo más eficiente, sino que más seguro en todo aspecto“. También instó a los municipios a que “adopten a la brevedad las medidas disciplinarias que correspondan en cada caso informado por Contraloría”.
A lo mismo se refirió el parlamentario del PSC, Roberto Arroyo. “Es importante que se mejoren los filtros y el correcto cruce de datos para que este tipo de situaciones no vuelvan a ocurrir, porque claramente acá falló la institucionalidad”, puntualizó.
En tanto, el vicepresidente de la Cámara Baja, Eric Aedo (DC), apuntó contra el municipio de San Pedro de la Paz, “están sucediendo hechos demasiados anómalos”. “Espero que el municipio y el propio alcalde tome estos antecedentes y los haga llegar a la justicia. No basta la acción administrativa de la Contraloría. Creo que acá hace falta avanzar del punto de vista de los sumarios, pero también hacer las denuncias en la Fiscalía. Me parece una irresponsabilidad enorme”, indicó a SABES.
Sobre las medidas que deben tomar las municipalidades, la diputada Marlene Pérez (Ind) llamó a que “San Pedro de la Paz, Concepción y Tomé que desvinculen inmediatamente a las personas que aparecieron en el listado de la Contraloría“.
Además, el senador Gastón Saavedra (PS) insistió en sancionar a aquellos que contrataron a los funcionarios con dicha condena. “Es el jefe del servicio respectivo que está violando la ley y por tanto está cometiendo un notable abandono de funciones“, explicó. El diputado electo Patricio Briones (PDG) pidió “investigar a fondo este grave asunto, identificar las causas que permitieron estas contrataciones y tomar las medidas correctivas pertinentes para prevenir que situaciones similares se repitan”.
Desde la notificación de Contraloría, los municipios mencionados tienen cinco días hábiles para ordenar la salida de los funcionarios e iniciar sumarios.
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