Pescadores de distintas zonas del país recurrieron a la Contraloría ante irregularidades que estaría cometiendo la Subsecretaría de Pesca en la implementación de un reglamento de la Ley de Fraccionamiento.
De acuerdo a agrupaciones de armadores de San Antonio y del Biobío, además de representantes de la industria, denunciaron que la Subpesca emitió un oficio en noviembre pasado, para abrir el Registro Pesquero Artesanal a miles de nuevas embarcaciones en todo el país.
Según el requerimiento que ingresó a Contraloría, el subsecretario Julio Salas, “sin habilitación legal alguna, saltándose la consulta a los Consejos Zonales de Pesca ya que se requiere informe técnico de estos organismos, decidió arbitrariamente ordenar la apertura del Registro, lo que contraviene de manera directa el deber del Estado de resguardar la conservación de los recursos hidrobiológicos, vulnerando lo establecido en la Ley de Pesca”.
La presidenta de los Pescadores Industriales del Biobío, Macarena Cepeda, consideró que “el subsecretario Salas actuó más con un criterio político que siguiendo las recomendaciones científicas para el manejo sustentable de las pesquerías. Esto es grave, porque, por ejemplo, el jurel chileno hoy es un caso de éxito en todo el mundo porque en una década pasó de estar en una condición sobreexplotada a estar sano en su rendimiento máximo sostenible. Esto se debió a que el criterio técnico ha prevalecido, respetando la regulación”.
Parlamentarios respaldan a Pescadores ante Contraloría por Ley de Fraccionamiento
En el mundo parlamentario del Biobío existe un respaldo a la determinación de los pescadores de llevar esta decisión de la Subsecretaría de Pesca a la Contraloría.
El senador Gastón Saavedra (PS), enfatizó en los cuestionamientos a la autoridad, los que datan desde la tramitación de la norma. “Acá existe un jefe que debe llamar al orden, en la Ley quedó establecido como debe funcionar la norma, y bajo ciertas condiciones”.
“Yo pensé que durante el debate de la ley dejaba el cargo, cuando se presentaron los datos falsos. Y mantenerlo es uno de los errores que nos cuesta caro”, cerró.
Mientras que la diputada Joanna Pérez (DEM) consideró que “el error de este gobierno fue enfrentar a la pesca artesanal con la industria, y eso trajo repercusiones para esta región. Se debe esperar lo que diga Contraloría. De comprobarse lo que denuncian los pescadores, vamos a fiscalizar los intereses que están detrás de la decisión del subsecretario Salas”.
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