Hasta 230 empeños por persona al año, personas con antecedentes penales operando sin mayores filtros y millones de pesos moviéndose sin alertas, son algunas de las irregularidades que dejó al descubierto la Contraloría General de la República tras fiscalizar a la Dirección General de Crédito Prendario (Dicrep), más conocida como la Tía Rica.
El informe del organismo reveló serias debilidades en los sistemas de control del servicio durante 2023 y 2024, permitiendo un uso reiterado y poco fiscalizado del crédito prendario.
Uso excesivo del servicio sin alertas internas
En 2023, un total de 4.769 personas realizaron entre 10 y 229 operaciones cada una, movilizando $7.139 millones.
Ya para el 2024, la cifra aumentó a 4.895 usuarios, con transacciones que alcanzaron los $7.290 millones y una frecuencia máxima de 230 empeños por persona en el año.
Pese a estos niveles de recurrencia, la Dicrep no contaba con sistemas que permitieran advertir o monitorear este tipo de conductas.
Personas con antecedentes penales no recuperaron especies
Otro de los puntos críticos apunta a la participación de personas con antecedentes penales. Según el informe, 1.681 usuarios en esta condición realizaron empeños por un total de $1.507 millones y no retiraron las especies entregadas en garantía.
Aun así, el servicio no presentó denuncias ni puso estos antecedentes a disposición de las autoridades correspondientes.
Falta de verificación y cero coordinación policial
Contraloría también evidenció que no existen procedimientos básicos para comprobar la identidad de los usuarios, validar sus datos personales ni verificar el origen lícito de los bienes empeñados. A esto se suma la inexistencia de alertas por operaciones reiteradas y la falta de coordinación con las policías, pese a que las especies podrían resultar clave en investigaciones penales.
Frente a este panorama, la Contraloría anunció la apertura de un procedimiento disciplinario para establecer posibles responsabilidades administrativas. Además, remitió los antecedentes al Ministerio Público y ordenó a la Dicrep reforzar de forma urgente sus mecanismos de control y fiscalización.
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