La querella de capítulos contra la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, comenzó este pasado miércoles 10 de diciembre, tras más de un año de indagatorias por la denominada “trama Muñeca Bielorrusa”.
El escándalo de presunta corrupción, involucrando a la exjueza, su pareja Gonzalo Migueles y los abogados del consorcio chileno-bielorruso CBM, Mario Vargas y Eduardo Lagos, marca un importante hito con el comienzo del juicio. Esta instancia legal, desde la postura querellante, busca remover la inmunidad de Ángela Vivanco para que pueda ser procesada por la justicia común, junto al resto de imputados mencionados.
Con la representación de Carlos Pereira y Cristián Martin, la defensa de la exministra del máximo tribunal entregó sus argumentos para intentar derrumbar la querella de capítulos, que fue ingresada ante la Corte de Apelaciones de Santiago. Los juristas tomaron lo planteado por la fiscal regional de Los Lagos, Carmen Gloria Wittwer, y desglosaron cada uno de los puntos, llegando a la conclusión que la acción legal se sustenta en “antecedentes ligeros y sin fundamentos”.
Incluso, los letrados acusaron que existen antecedentes falsos y graves omisiones de información que serían cruciales para el caso.
Reproches machistas, recusación improcedente y miles de dólares en efectivo
El primer tema abordado por Pereira y Martin fue la acusación en sí, explicando que el Ministerio Público levantó la situación de manera artificial, bajo la afirmación de presuntamente fallar contra Codelco bajo la influencia del Consorcio Belaz Movitec. No obstante, los abogados detallaron que se omitió que una de las resoluciones cuestionadas no constituyó un pago de la empresa estatal a la compañía de origen europeo.
Aquello, en referencia a que la indemnización correspondiente a la inmovilización de maquinaria la otorgó la Corte de Apelaciones de Copiapó, no por la Corte Suprema. “Se le ha arruinado la vida a una persona que dedicó su vida a la judicatura cuando jamás ordenó a Codelco pagar esos 4 mil millones de pesos. Ese punto la ministra Vivanco, y los demás ministros, lo rechazó”, señaló Pereira.
Igualmente, el abogado subrayó que no hay evidencia de que los pagos entregados por Mario Vargas y Eduardo Lagos a Gonzalo Migueles hayan llegado directamente a las manos de Ángela Vivanco. En esa línea, el profesional tildó como “una desfachatez” implicar a la exministra en las transacciones, e incluso reclamando que esta acusación sólo existe porque se trata de una mujer, pues a un hombre no se le haría tal tipo de reproche.
Otra línea argumentativa fue la inhabilitación que Vivanco debería haber presentado en el caso Codelco-CBM. Según los querellantes, la exjueza se debió haber recusado debido a su cercanía con los abogados Vargas y Lagos. Sin embargo, la defensa razonó que tal decisión corresponde cuando hay lazos con la parte involucrada propiamente en los casos, no con los representantes de ella. Esto quiere decir que Vivanco no tenía relación con la empresa CBM, ligada al juicio, sino que su nexo solo llega a los juristas de la compañía.
Finalmente, Pereira y Martin señalaron que el manejo de altas cantidades de dinero en efectivo no está conectado a situaciones ilícitas. Para justificar aquello, se presentó como ejemplo una instancia donde la misma Corporación Administrativa del Poder Judicial le entregó nueve mil dólares en efectivo como parte de sus asignaciones de viáticos.
Con todo esto, la defensa de Ángela Vivanco exigió que la querella de capítulos sea desestimada por completo.
“Pacto ilícito para favorecer a una empresa”
La contraparte se conforma por la fiscal Carmen Gloria Wittwer; el representante de Codelco, Julián López; la litigante del Consejo de Defensa del Estado (CDE), Luppy Aguirre; y el abogado Juan Carlos Quezada, en representación de los trabajadores judiciales.
La postura de la parte querellante es que Vivanco y el resto de imputados se coordinaron para obtener beneficios económicos de manera ilegal, y en perjuicio de la empresa estatal Codelco.
La fiscal Wittwer señaló que la exministra de la Corte Suprema “interpuso su interés particular por sobre el interés general (…) Acordó un pacto ilícito con la finalidad de favorecer a una empresa, en este caso CBM, en el litigio generado con Codelco entre los años 2023-2024, acordando para ello el pago de una retribución económica para ella y terceros para resolver a favor del consorcio extranjero todas las instancias judiciales en que le correspondiera intervenir”.
En tanto, Luppy Aguirre, litigante del CDE, sostuvo que “lo que se está juzgando es una ministra que debió haber declarado su inhabilidad, o por lo menos haber declarado el hecho de la amistad estrecha. Y además hay antecedentes serios que dan cuenta de que recibió dinero por la forma como adoptó las resoluciones. Si los otros cuatro ministros no hicieron lo mismo, o si otras personas no lo hicieron, es absolutamente indiferente respecto de la acción que se le está imputando a ella”.
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