La Cámara de Diputadas y Diputados dio luz verde a un proyecto que apunta a cerrar uno de los vacíos más criticados en la Ley de Tránsito. Con 80 votos a favor y 36 abstenciones, la Sala aprobó la iniciativa que impedirá entregar, renovar o mantener vigentes las licencias de conducir a quienes figuren en el Registro Nacional de Deudores.
La propuesta, ingresada por un grupo transversal de parlamentarios encabezados por la diputada Alejandra Placencia (PC), endurece completamente el sistema. El nuevo requisito será obligatorio y antes de otorgar una licencia, los departamentos de tránsito deberán verificar que el solicitante no esté inscrito como deudor.
¿Cómo funcionaría la ley?
Una de las modificaciones más estrictas es que las municipalidades deberán revisar el registro todos los meses. Si una persona obtiene su licencia y luego aparece en el Registro de Deudores, el permiso deberá ser cancelado de forma inmediata. La notificación llegará vía correo electrónico o carta certificada.
Para estos casos, el proyecto también establece una excepción, quienes pierdan la licencia por esta causal podrán volver a solicitarla en cuanto regularicen su situación, sin tener que esperar los dos años que exige la ley en otras cancelaciones.
Asimismo, quienes figuren como deudores no podrán renovar su licencia hasta ponerse al día con las obligaciones alimenticias.
La razón del ajuste
Durante el debate se revelaron cifras que encendieron las alarmas. Entre 2022 y 2024, 3.400 personas inscritas como deudores lograron obtener o renovar licencias, acumulando deudas superiores a $17 mil millones.
A esto se suma otro dato crítico, y es que el 70% de los municipios no aplicó la prohibición vigente, lo que dejó la norma actual prácticamente sin efecto.
Falta de fiscalización y posible sobrecarga municipal
Aunque la mayoría respaldó la iniciativa asegurando que es una herramienta necesaria para reforzar el pago de pensiones alimentarias, una obligación que afecta directamente a miles de niñas, niños y adolescentes, también surgieron reparos.
Varias y varios parlamentarios apuntaron a que el problema de fondo no sería la falta de normas, sino la ausencia de fiscalización municipal. Y advirtieron que las nuevas medidas podrían sobrecargar a los departamentos de tránsito, que ya operan con recursos limitados.
Pese a ese debate, la Sala terminó por aprobar el proyecto, que ahora pasará al Senado para su segundo trámite.
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