Chile está a las puertas de ordenar un mercado que creció en línea y fuera del perímetro normativo. Las apuestas y los casinos online. En 2025, la Sala del Senado aprobó en general el proyecto que regula las plataformas de apuestas en línea, abriendo la fase de indicaciones y el análisis en particular en las Comisiones Unidas de Economía y Hacienda.
El Ministerio de Hacienda estima que, en régimen, la normativa podría recaudar del orden de $84.000 millones al año, además de dotar al Estado de herramientas para proteger a los usuarios.
El vacío legal que antecede al cambio
Hasta ahora, el eje del control estaba en la Ley N.º 19.995, que crea la Superintendencia de Casinos de Juego (SCJ) y establece las bases para autorizar, fiscalizar y operar casinos físicos.
Esa ley no contempló de forma específica la operación digital que luego explotó con smartphones, pagos instantáneos y publicidad masiva en redes y transmisiones deportivas. De ahí que una parte sustantiva de la oferta online creciera sin estándares verificables de protección al consumidor, sin trazabilidad ni pago de impuestos en Chile.
El Poder Judicial también dejó señales. En 2023, la Corte Suprema acogió un recurso y ordenó a un proveedor de internet bloquear el acceso a sitios de apuestas internacionales, anticipando el tipo de medidas que la futura ley busca sistematizar mediante un marco de atribuciones claro.
Hacia un sistema con licencias y operadores locales
Con la aprobación en general del proyecto, el debate se trasladó a los detalles, como quién puede operar, bajo qué estándares y cómo se fiscaliza. La arquitectura regulatoria propuesta se apoya en una autoridad reforzada, la SCJ pasaría a denominarse Superintendencia de Casinos, Apuestas y Juegos de Azar, con nuevas facultades.
Como explicó recientemente el jefe jurídico de la SCJ, la normativa entrega facultades bien intensas para ordenar el sector. Para los usuarios, distinguir casinos confiables de Chile pasará a basarse en licencias explícitas, verificaciones de identidad, auditorías y reglas de publicidad y juego responsable.
La idea matriz, según expuso Hacienda en la Sala, es canalizar la mayor parte de la demanda hacia operadores autorizados, la experiencia internacional apunta a alrededor de 90%, asumiendo que siempre quedará un remanente que intentará operar al margen.
Requisitos técnicos y protección a las personas
El diseño normativo recoge estándares que hoy son habituales en jurisdicciones reguladas, como verificación robusta de identidad y edad, certificación de aleatoriedad, auditorías externas, límites de gasto y reglas estrictas de publicidad.
Además, se prohíben las apuestas a quienes puedan incidir en el resultado, deportistas, dirigentes, organizadores, cerrando una brecha que había alimentado preocupaciones por amaño y conflictos de interés. Todo ello quedó recogido en los ejes del mensaje del Ejecutivo y en las minutas oficiales difundidas tras la votación en la Sala.
Tributación, deporte y recaudación
En el plano fiscal, el proyecto grava la actividad con IVA, por considerarla un servicio de entretenimiento digital, y además incorpora un impuesto específico de 20% sobre la actividad, en línea con el esquema que ya pagan los casinos físicos, corrigiendo externalidades del juego.
A esto se suma un gravamen anual de 2% de los ingresos brutos sobre las apuestas deportivas a favor del Instituto Nacional del Deporte, con una distribución definida entre federaciones, Comité Olímpico y Comité Paralímpico. La combinación de estas piezas explica la proyección de recaudación y el incentivo a formalizar la oferta que operaba en la sombra.
El trámite legislativo: Qué se ha aprobado y qué viene
La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó el proyecto en diciembre de 2023, y el Senado lo ha venido tramitando desde 2024. La Comisión de Economía lo aprobó en general en abril de 2024.
La Comisión de Hacienda hizo lo propio el 1 de agosto de 2025, y el 13 de agosto de 2025 la Sala lo aprobó en general por 27 votos a favor, 3 en contra y 5 abstenciones. Tras ello, se abrió el plazo de indicaciones hasta el 29 de septiembre y el análisis en particular en Comisiones Unidas.
Varias medidas entran en vigor inmediatamente después de la publicación. Pero las normas de licenciamiento en régimen comenzarán a regir una vez dictado el reglamento, plazo de seis meses.
El texto, además, contempla un régimen transitorio de licencias para postulantes que no hayan operado ilegalmente en los 12 meses previos, y que acrediten estándares técnicos equiparables a los chilenos.
Y un “cooling off” de 12 meses para actores que hoy están en la informalidad y quieran regularizarse más adelante, con un impuesto único y sustitutivo para reconocer ingresos no tributados y bases de usuarios captadas.
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