CChC Concepción responde al ministro que responsabilizó a empresas por toma en San Pedro
La Cámara Chilena de la Construcción (CChC) Concepción respondió a las declaraciones que hizo el ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, tras el desalojo de los departamentos que fueron usurpados en San Pedro de la Paz. El secretario de estado manifestó que “las empresas deben resguardar mejor las obras y, a su vez, se debe acelerar el proceso de entrega cuando las viviendas estén listas”.
Además, Montes cuestionó la tardía entrega de los departamentos expresando que “la empresa hace casi un año tenía el 99% terminado, pero entraron a reorganizarse por una situación financiera” y que, pese a la ayuda que le brindó el Estado, “la empresa se demoró más de lo que debía”.
Frente a los dichos del ministro de Vivienda y Urbanismo, la CChC Concepción expresó, a través de una declaración pública, que “la posición de nuestro gremio es que la seguridad pública y el resguardo por el Estado de Derecho es una prerrogativa central y exclusiva del Poder Ejecutivo y, por ende, el camino no es que las empresas constructoras deban fortificarse o establecer sistemas de protección para evitar el asalto de turbas altamente violentas, a fin de proteger sus obras”.
Demora en entrega
También se refirieron a la tardanza de entrega a la que se refirió Montes. La CChC Concepción expresó que “respecto a la demora en la entrega de las viviendas a sus propietarios, queremos señalar que el problema radica en el propio Estado, a través del Servicio de la Vivienda y Urbanismo y las direcciones de Obras Municipales. Por ello, nuestra propuesta es que las obras de vivienda social tengan prioridad en la tramitación de entrega y que éstas apenas cuenten con los servicios básicos, sean entregadas a sus propietarios y desde ahí concluir el proceso de recepción final”.
Finalmente, solicitaron al Gobierno, “estudiar reponer la Resolución 105 del Minvu que señalaba que las personas que incurrían en este tipo de conductas fueran inhabilitadas de postular a otro beneficio estatal de vivienda. Este requisito legal fue derogado en 2015 y hoy muestra singular urgencia para desincentivar a quienes buscan saltarse la fila y burlar el sistema por la vía de negociaciones por la fuerza”.
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