Un profundo malestar y preocupación se ha extendido entre las organizaciones de la salud pública tras la implementación de ajustes presupuestarios por parte del Ejecutivo.
Aunque desde el nivel central se ha argumentado que la reducción representa solo un 0,5% del presupuesto total del sector, la cifra real asciende a unos $18.000 millones que dejarán de percibirse en la red asistencial, encendiendo las alarmas en las comunidades locales.
Descontento gremial
Para los representantes de los trabajadores, la medida no es un simple ajuste de cifras, sino una resta directa a la capacidad operativa de los centros de atención. El descontento radica en que la decisión fue tomada de manera unilateral, sin sopesar la realidad que enfrentan diariamente los equipos de salud en los territorios más vulnerables del país.
En este escenario, Gabriela Flores, presidenta de la Confederación Nacional de los Funcionarios y Funcionarias de la Salud Municipalizada (Confusam), conversó con SABES, y apuntó a que el recorte desprotege la salud municipal.
De acuerdo con el análisis de la dirigenta, la ausencia del dinero traerá problemas a la gestión local de la salud, concentrando el impacto en tres pilares fundamentales para los usuarios. Fármacos, infraestructura y el Programa de Universalización de la Salud. “Cualquiera dirá ´pucha pero es poco´, no, no es poco. Son más de $18.000 millones que este año no tiene la atención primaria, porque ya empezó el recorte”.
Traspaso de la carga financiera a los municipios
Una preocupación manifestada por Flores es la inviabilidad financiera que esto supone para los municipios. La presión se trasladaría directamente a las arcas comunales, obligando a los alcaldes a redistribuir fondos municipales, ya de por sí limitados. “Los municipios van a tener que absorber estos gastos”, enfatizó la presidenta de la Confusam.
Tensión y críticas hacia el Gobierno actual
Flores mostró profunda molestia por el trato de las autoridades hacia los funcionarios públicos, acusando al gobierno de argumentar una “mala gestión” para justificar los recortes. Cuestionó que el Ministerio de Hacienda afirme que hay “120.000 trabajadores de sobra” en el país.
En respuesta, Flores emplazó a las autoridades a transparentar sus propios sueldos y jornadas laborales, enfatizando que la Confusam no está pidiendo aumentos de sueldo, sino un financiamiento decente para poder garantizar medicamentos, médicos y traslados a los usuarios.
Finalmente, ante la negativa del gobierno de inyectar mayores recursos, Flores anunció que participará en una mesa de trabajo junto a 28 alcaldes, pero mantendrán la presión en las calles. Confirmó la convocatoria de una marcha exclusiva de dirigentes en Santiago para el 8 de julio, advirtiendo que darán la pelea sin descanso hasta el mes de noviembre, fecha en la que el Congreso debe votar y aprobar el presupuesto de la nación para el próximo año.
Revisa aquí más noticias. Síguenos en Facebook e Instagram para ver fotografías con datos de contingencia nacional y del Gran Concepción.
