La contralora general de la República, Dorothy Pérez, autorizó el blindaje del vehículo institucional que utiliza para sus desplazamientos, mediante un trato directo por cerca de $28 millones.
Según reveló Informe Especial en base a los antecedentes expuestos en Mercado Público, la medida se justificó por razones de seguridad y posibles riesgos vinculados al cargo que desempeña, y a las funciones de fiscalización que ejerce la Contraloría (CGR).
La resolución señala que el trabajo de la institución y el impacto de sus investigaciones y pronunciamientos generan una alta exposición pública para sus autoridades. De hecho, desde la Contraloría indicaron que la decisión surgió tras la recepción de diversas comunicaciones consideradas “situaciones de riesgo”, por lo que organismos como la Policía de Investigaciones (PDI) y el Ministerio Público recomendaron reforzar las medidas de protección, incluso en dependencias institucionales.
La contratación se la adjudicó la empresa Raptor SPA mediante trato directo. De acuerdo a la explicación de la CGR, se utilizó dicha modalidad pues no existían proveedores equivalentes disponibles a través de los convenios marco vigentes en Mercado Público. El organismo añadió que la normativa aplicable “no dispone la obligatoriedad de escoger el menor precio, sino que aquel que en su conjunto otorgue las mejores condiciones según el servicio requerido”.
Dorothy Pérez autorizó trato directo de $28 millones para blindar auto institucional en que desplaza
La medida se suma a otras acciones implementadas durante 2025 para reforzar la protección de la contralora. Entre ellas, el aumento de personal de seguridad, mejoras en los accesos del edificio institucional de Teatinos 56 y la adquisición de una camioneta Toyota 4Runner por cerca de $48 millones mediante licitación pública.
Al respecto, desde la Contraloría han argumentado que el fortalecimiento de las medidas de seguridad responde al aumento de la criminalidad organizada y a la exposición derivada de investigaciones y auditorías que han detectado diversas irregularidades en organismos públicos durante los últimos años.
El blindaje del vehículo marca un estándar de protección poco habitual para una autoridad de la Contraloría, situándose por encima de los estándares aplicados históricamente a cargos similares dentro de otros poderes del Estado. A modo de ejemplo, la presidenta de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich, carece de un auto con este nivel de blindaje.
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