Luego que la Contraloría General de la República detectara que 38 alumnos sancionados por hechos de violencia siguen matriculados en colegios emblemáticos, el organismo ordenó la reubicación de los estudiantes y exigió medidas concretas a las autoridades educacionales.
La fiscalización se concentró en liceos de Santiago y Providencia que han estado en el foco por conflictos, entre ellos el Liceo José Victorino Lastarria, Instituto Nacional, Liceo de Aplicación, Internado Nacional Barros Arana, Liceo Manuel Barros Borgoño, Liceo 7 de Providencia y Liceo Carmela Carvajal.
La revisión evidenció que las sanciones aplicadas no se están cumpliendo en la práctica, ya que los estudiantes siguen dentro del mismo circuito de establecimientos emblemáticos donde se han registrado episodios reiterados de violencia.
En ese contexto, el documento del organismo indica “Se revisó la reubicación de los estudiantes de colegios emblemáticos que fueron sancionados, ya sea con la cancelación de la matrícula o expulsión, constatándose que 38 alumnos fueron reubicados o cuentan con matrícula actual, según lo registrado en el Sistema de Información General de Estudiantes, en algún otro colegio emblemático o en el mismo establecimiento”.
Alumnos sancionados vuelven a colegios emblemáticos
Uno de los puntos más críticos detectados por la Contraloría es que 21% de los alumnos sancionados volvió al mismo establecimiento del que se les expulsó, lo que ocurrió sin que los directores ejercieran su facultad de oponerse a su reincorporación. En paralelo, el 79% restante se trasladó a otros liceos emblemáticos, varios de ellos con antecedentes similares de violencia.
El informe concluye que estos procesos no se ajustan a la ley 20.370 que regula el Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación, por lo que se instruyó a la Superintendencia de Educación y a la Subsecretaría de Educación a establecer reglas que aseguren una reubicación efectiva de los estudiantes sancionados, especialmente en casos vinculados a hechos violentos.
Además, se fijó un plazo de 60 días hábiles para que ambas instituciones informen las acciones adoptadas ante la Contraloría. La exigencia apunta a cerrar vacíos en el sistema y evitar que expulsiones o cancelaciones de matrícula terminen en medidas sin efecto real dentro de los colegios emblemáticos.
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