Un informe de la Contraloría General de la República (CGR) detectó que el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) contrató a varios censistas que mantenían antecedentes penales, además de otros que registraban una expulsión administrativa pendiente, en el marco del Censo 2024.
Esta información fue revelada tras la revisión de los contratos realizada por la CGR, donde se indica que un total de 16 personas contratadas para esta labor presentaban diversos antecedentes penales, entre ellos delitos de estafa, robo, hurto, lesiones y tráfico de drogas.
Asimismo, el organismo detalló que, de estos 16 individuos, al menos seis presentaron certificados de antecedentes que daban cuenta de sus condenas, pero “la empresa encargada al momento de recibirlos no cumplió con su deber de validarlos ante el Servicio de Registro Civil e Identificación, por lo que no advirtió que dichas personas tenían condenas. Asimismo, en otros 10 casos, el organismo directamente no acreditó que haya requerido tales certificados al realizar las contrataciones”, señalan desde la entidad.
Por otra parte, según consigna el informe, el INE contrató a 14 extranjeros que no se encontraban habilitados para trabajar en el país. De ellos, cinco correspondían a exresidentes definitivos o temporales/transitorios cuya residencia había sido revocada por diversos motivos.
En esa misma línea, agregan que uno de estos mantenía una orden de expulsión administrativa pendiente.
Otras observaciones que planteó la Contraloría sobre el Censo 2024
Además, la institución no logró acreditar que más de 130 personas incorporadas para los cargos de Coordinador de Local Censal y Gestor Administrativo contaran con la formación académica exigida para desempeñar dichas funciones.
Del mismo modo, a raíz de estas deficiencias en los mecanismos de control, la entidad fiscalizada no cursó multas por $131.972.500 en favor del Fisco a las empresas encargadas del reclutamiento y selección de personal para el Censo 2024.
Junto con ello, el informe incluye una serie de observaciones adicionales, entre las que destacan:
- Participación de una exasesora del INE en una comisión evaluadora pese a mantener vínculos con una empresa oferente.
- Falta de acreditación de labores realizadas por cientos de censistas que recibieron pagos por sus servicios.
- Detección de funcionarios que trabajaron simultáneamente para el INE y otros organismos públicos sin declararlo.
- Contratos de arriendo de oficinas y locales censales sin justificación técnica suficiente.
- Pagos observados por arriendos que excedieron ampliamente la duración del operativo censal.
- Desembolsos por traslados de funcionarios y censistas en una jornada en que no se realizaron labores censales.
- Ausencia de planificación para el destino de miles de computadores y teléfonos adquiridos para el Censo 2024.
- Equipos tecnológicos que permanecieron almacenados durante meses tras la finalización del proceso censal.
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