La Superintendencia de Educación emitió un nuevo dictamen que actualiza las reglas de seguridad escolar en el país. El documento oficial autoriza formalmente a los sostenedores a instalar recursos tecnológicos para detectar armas y artículos incendiarios.
La medida genera un fuerte impacto en la Región del Biobío. Esto ocurre tras múltiples casos de violencia en la región, como el recordado suceso con armas ocurrido en el colegio Nuevos Horizontes de San Pedro de la Paz.
El dictamen número 78, firmado por la superintendenta Pamela Adriázola Rojas, adapta los criterios fiscales a la nueva Ley de Convivencia Educativa. Dicha normativa comenzará a regir de forma estricta el próximo 1 de julio de 2026.
¿Cómo operará la detección de armas en los establecimientos?
La resolución establece que la instalación de pórticos o detectores de metales no será automática ni obligatoria. Al contrario, cada comunidad educativa deberá evaluar su pertinencia según su propia realidad.
Para implementar esta tecnología, los colegios requerirán un acuerdo con su Consejo Escolar. Asimismo, necesitarán un informe técnico previo del Ministerio de Seguridad Pública y la aprobación final de la Subsecretaría de Educación.
“La instalación de este tipo de artefactos solo procederá cuando existan antecedentes fundados. Debe justificarse como una medida proporcional, necesaria e idónea”, detalla el dictamen de la autoridad.
Además, los encargados de operar estas herramientas deberán cumplir con estrictas inhabilidades penales. También tendrán que acreditar ser psicológicamente competentes mediante informes de salud. De igual forma, los protocolos internos deberán aplicar perspectiva de género para evitar situaciones de vulneración o discriminación hacia las estudiantes.
Prohibición estricta: Colegios no pueden revisar mochilas
El dictamen de la Superintendencia marca una línea roja muy clara respecto a la privacidad de los alumnos. El organismo regulador determinó que la revisión de mochilas, bolsos o vestimentas vulnera el derecho a la vida privada y la honra.
“No resulta jurídicamente admisible que establecimientos educacionales implementen revisiones de mochilas, bolsos u otros efectos personales de estudiantes”, enfatiza el texto de la Superintendencia.
La entidad recordó que las facultades de registro pertenecen únicamente a Carabineros y a la Policía de Investigaciones. Por lo tanto, los inspectores o docentes no podrán realizar inspecciones forzosas ni revisiones corporales ante la activación de una alarma.
Respaldo parlamentario a la medida de seguridad
La publicación de este dictamen fue valorada con fuerza en la zona. La diputada Marlene Pérez, quien impulsó esta discusión a nivel legislativo, respaldó el paso dado por la Superintendencia de Educación.
“Valoro la decisión de autorizar el uso de detectores de metales en los establecimientos educacionales. . Esta es una medida que debe aplicarse con criterios claros, resguardando los derechos de los estudiantes y el adecuado funcionamiento de las comunidades educativas, pero sin perder de vista una realidad evidente: hoy las armas están ingresando a los colegios.”, afirmó la parlamentaria Pérez.
“Si queremos recuperar espacios seguros para aprender y prevenir hechos de violencia graves, necesitamos actuar con decisión”, dijo, recordando que los principios de su propuesta original fueron recogidos en la nueva normativa de convivencia para recuperar espacios seguros y proteger a los menores..
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