Tras una investigación por millonarios movimientos irregulares al interior de la Sociedad Contractual Minera Atacama Kozan, el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal (top) de Copiapó condenó a un ex subgerente de la empresa por concretar un desvío de fondos que provocó pérdidas superiores a los $218 millones.
La justicia estableció que el acusado utilizó su cargo para ejecutar pagos y operaciones fraudulentas que terminaron afectando directamente el patrimonio de la minera, entre 2013 y 2018.
Se trata de Francisco Enrique Sánchez Barrera, quien se desempeñaba como subgerente general de la compañía minera, quien fue sentenciado a 4 años de presidio efectivo y al pago de una multa de 25 UTM por el delito consumado de estafa.
A esto se suma, según indica la resolución judicial, Rodrigo Andrés Albornoz Encalada, ex funcionario ligado a la Gerencia de Administración y Finanzas de la firma, quien recibió una condena de 2 años de presidio como cómplice, además de una multa de 12 UTM. En su caso, la pena fue sustituida por remisión condicional. Además, según indica el fallo, quedará sujeto a control administrativo y a la asistencia de Gendarmería por dos años.
¿Cómo operaba el fraude en la minera Atacama Kozan?
Según estableció el tribunal, Sánchez Barrera aprovechó las facultades de su cargo y el sistema interno de doble firma para autorizar pagos y desviar dinero de la minera hacia gastos personales y servicios inexistentes, acciones que eran respaldadas administrativamente por el segundo condenado.
La investigación concluyó que existieron al menos 4 mecanismos distintos para concretar el fraude y ocultar los movimientos contables al interior de la empresa.
Uno de ellos consistía en pagos a la empresa Gestión y Comunicaciones San Lorenzo Limitada, también conocida como Atacama Viva, firma vinculada directamente al condenado y mediante la cual se cobraban supuestos servicios que nunca fueron ejecutados.
Otra maniobra detectada correspondió al traspaso de gastos personales relacionados con obras civiles realizadas en la vivienda de Sánchez Barrera, costos que fueron cargados a la minera a través de María Herrera Servicios E.I.R.L., conocida comercialmente como Eklipse.
El tribunal también acreditó el uso de servicios de Transportes Oviedo para efectuar traslados domésticos ajenos a la actividad minera, además del desvío de costos asociados a una servidumbre privada mediante operaciones realizadas con Bruno Delpero y Cía. Limitada.
Movían gastos para ocultar pérdidas y mostrar utilidades ficticias
La sentencia detalló además que Rodrigo Albornoz habría colaborado en el ocultamiento del déficit financiero generado por estas operaciones, ordenando trasladar los gastos irregulares hacia la cuenta contable “Obras en Construcción”.
Pese a la condena penal, el Tribunal Oral desestimó la demanda civil presentada por la minera, argumentando que la acción fue ingresada fuera del plazo de 4 años establecido en el Código Civil.
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