La Policía de Investigaciones (PDI) incautó numerosos computadores de la municipalidad de Peñalolén en medio de la investigación en contra de la exalcaldesa Carolina Leitao y tres funcionarios de la pasada administración. Entre las especies retiradas se incluyó el equipo que usaba la otrora jefa comunal, quien luego fue subsecretaria de Prevención del Delito.
Fiscalía ordenó las diligencias de la Brigada Investigadora Anticorrupción en marco de la querella que ingresó el actual alcalde Miguel Concha. En marzo se presentó la acción judicial que apunta a fraude al Fisco y falsificación del instrumento público. Asimismo, dentro del municipio se inició un sumario interno por sospechas en la dirección de Administración y Finanzas (DAF).
La exdirectora del área señalada, Tamara Rubio, quien fue suspendida y luego removida del cargo, también está siendo investigada. Igualmente, el exadministrador municipal Patricio Escobar y el exdirector de la Secretaría Comunal de Planificación (Secpla) Juan Pino Melo.
La querella de Peñalolén contra Leitao y tres funcionarios
En el documento ingresado por Concha al Poder Judicial señaló que, en su ingreso en diciembre del 2024, “esta nueva administración se enteró de que la Municipalidad se encontraba en un severo déficit presupuestario. A partir de la información entregada por funcionarios municipales, a través de reuniones, informes y presentaciones, se estimó que el déficit ascendía a aproximadamente siete mil millones de pesos“.
El nuevo alcalde solicitó una auditoría externa a Fortunato & Asociados, la que determinó que el saldo de déficit alcanzó los $16.318.389.000, superando con creces el monto informado por la gestión saliente. A la vez, solo en el 2025, “identificaron la existencia de pasivos omitidos, principalmente asociados a facturas no consideradas en la determinación de la deuda flotante, por $12.255.512.000″.
Otro antecedente acusado es que destinaron recursos entregados por la Subdere para proyectos específicos de mejoramiento urbano a “generar caja” en vez de ejecutar las obras.
En relación a los funcionarios involucrados, la querella plantea que, bajo la administración de Leitao, “incurrieron en graves y reiteradas actuaciones y omisiones“. Creando un “esquema defraudatorio” de desfinanciamiento municipal sostenido por una omisión sistemática del registro de pasivos. Así como “la subvaloración de la deuda flotante, la distorsión de los registros contables y financieros municipales y la utilización indebida de recursos públicos”.
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