Por un total de 60 días se extenderá el estado de emergencia decretado por el Gobierno de Perú en la frontera con Chile, una medida que incluye drones, presencia militar y restricciones a derechos para contener el avance de la criminalidad y la migración irregular en la zona.
La decisión se oficializó a través de un decreto supremo firmado por el presidente de Perú, José María Balcázar, y apunta directamente a zonas críticas del sur peruano donde se detectó un aumento sostenido de delitos asociados al ingreso irregular de personas y redes ilícitas que operan en la frontera.
El estado de emergencia se aplicará en sectores específicos de la región de Tacna, abarcando los distritos de Palca, Tacna y La Yarada – Los Palos, además de Tarata, territorios que son identificados como puntos sensibles para el tránsito no autorizado y actividades vinculadas al crimen organizado.
Durante los días que durará la medida, el control del orden interno quedará bajo responsabilidad de la Policía Nacional del Perú, que contará con el respaldo de las Fuerzas Armadas para ejecutar patrullajes, operativos y acciones de vigilancia en terreno, en un despliegue que busca cerrar rutas utilizadas para delitos como el tráfico ilícito de migrantes, drogas, armas, trata de personas y contrabando.
Vigilancia en la frontera con drones
Uno de los elementos más relevantes del plan es la implementación de vigilancia aérea con drones, los que permitirán monitorear en tiempo real la frontera y detectar cruces por pasos no habilitados.
En ese contexto, el decreto establece que habrá “intervención a los migrantes que intenten cruzar por pasos no habilitados y/o autorizados”, junto con “operativos en los pasos no autorizados y/o habilitados a fin de prevenir y combatir la criminalidad”.
El estado de emergencia también implica restricciones a derechos fundamentales, ya que durante su vigencia se limitará la libertad de tránsito, el derecho de reunión y la inviolabilidad del domicilio en las zonas afectadas, mientras que las actividades públicas masivas deberán contar con autorización previa, reforzando el control territorial en uno de los puntos más tensionados del norte.
El decreto también está firmado por el primer ministro Luis Arroyo y otros siete ministros, incluyendo las carteras de Defensa e Interior, lo que da cuenta del carácter prioritario que el gobierno peruano le otorgó a esta crisis en la frontera con Chile.
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