El Gobierno concretó este martes la salida de tres funcionarias vinculadas al Plan Nacional de Búsqueda, u en una decisión adoptada al interior de la Subsecretaría de Derechos Humanos, dependiente del Ministerio de Justicia.
De acuerdo con lo publicado por The Clinic, las desvinculaciones se llevaron a cabo en la cartera liderada por el ministro Fernando Rabat y afectan directamente a la Unidad de Programas de Derechos Humanos, considerada un eje estratégico en la implementación de esta política pública.
Tres funcionarias clave
Entre las salidas destaca la de Paulina Zamorano, quien encabezaba el programa de Derechos Humanos y cumplía un rol central en la ejecución del plan. A ella se suman Tamara Lagos, responsable del área de archivos e investigación documental, y Magdalena Garcés, encargada del área de búsqueda y trayectorias. Según el mismo reporte, las tres desvinculaciones se concretaron durante la jornada de este martes 31 de marzo.
El citado medio también tuvo acceso a un documento oficial que formaliza la salida de Zamorano, firmado por el ministro Rabat, donde se establece el término anticipado de su contrato. En el texto se argumenta que el cargo requiere una relación directa y de confianza con la actual autoridad, condición que se considera fundamental para el desempeño de sus funciones.
“No cuenta con las aptitudes específicas”
En esa línea, el documento indica que esta confianza responde a que la jefatura del programa actúa como colaboradora inmediata del subsecretario de Derechos Humanos. Asimismo, se sostiene que, en el contexto de una nueva etapa institucional, la exjefa “no cuenta con las aptitudes específicas” necesarias para implementar los lineamientos definidos por la autoridad.
El mismo escrito subraya la necesidad de una “relación de confianza que debe fluir” entre el subsecretario y quien lidera la unidad, identificada además como la principal responsable del Plan Nacional de Búsqueda de Verdad y Justicia. Esto refuerza la idea de un rediseño en la conducción política y administrativa del programa.
Cabe destacar que el Plan Nacional de Búsqueda fue oficializado el 30 de agosto de 2023, durante la administración del expresidente Gabriel Boric, quien firmó el decreto que permitió su implementación. La medida se enmarcó en la conmemoración del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, fecha en la que el Estado chileno reforzó su compromiso con la verdad, la memoria y la justicia.
Las desvinculaciones abren cuestionamientos respecto al futuro del plan, su continuidad operativa y el impacto que estos cambios podrían generar en una política especialmente sensible para familiares de detenidos desaparecidos y en el debate sobre memoria y derechos humanos en el país.
Pese a ello, desde la Subsecretaría de Derechos Humanos aseguraron que tanto el Plan Nacional de Búsqueda como la unidad a cargo seguirán funcionando con normalidad. Además, indicaron que los nombres de quienes asumirán estas vacantes serán informados durante el mes de abril.
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