Aunque hay 37 mil personas listas para expulsar desde Chile, estos decretos no se han concretado por falta de financiamiento y dificultades políticas internacionales, según advirtió el futuro director del Servicio Nacional de Migraciones, Frank Sauerbaum, quien además reveló que más de 85 mil casos siguen en proceso, en medio de un sistema presionado por la crisis migratoria.
En conversación con CNN Radio, Sauerbaum fue directo al punto al afirmar “Hoy día tenemos en la carpeta 37 mil personas listas para ser expulsadas con los decretos firmados, y tenemos más de 85 mil en proceso de expulsión”. El diagnóstico instala una cifra potente que tensiona la capacidad real del Estado para ejecutar estas medidas.
¿Por qué no se concretan las expulsiones en Chile?
El principal freno es doble y combina factores políticos y económicos. Por un lado, la relación con Venezuela impide avanzar en una parte importante de los casos. “Tenemos una situación con Venezuela que no nos permite mandar a las personas expulsadas, que son la mitad de los 37 mil”, explicó el futuro director.
A esto se suma el costo de cada procedimiento, ya que Sauerbaum detalló que expulsar a una persona puede costar cerca de 3 millones de pesos en vuelos comerciales, lo que hace inviable avanzar masivamente sin recursos adicionales. “Para sacar a una persona de Chile se requieren 3 millones de pesos aproximadamente en un vuelo comercial (…) los vuelos más baratos son vuelos de la Fach con los cuales nosotros vamos a tener que tener conversaciones”, advirtió.
El problema es que el presupuesto actual no contempla estos gastos. “La ley de presupuesto para este año no contempló esos recursos”, sostuvo.
Aun así, el servicio busca alternativas de financiamiento, considerando que el año pasado generó cerca de 6 mil millones de pesos en multas, aunque mantiene otros 4 mil millones pendientes de cobro.
Expulsiones a Colombia en abril
Pese al escenario complejo, ya se proyectan acciones concretas, y se adelantó que se está organizando un primer operativo acotado para la segunda semana de abril, con destino a Colombia.
La idea es partir con grupos pequeños mientras se destraban los problemas estructurales, según detalló el futuro director.
Empadronamiento no significa regularización
Otro punto clave es el proceso de empadronamiento de migrantes. Sauerbaum recalcó que este registro no implica regularizar la situación migratoria. “De las 182 mil personas empadronadas, hay 6 mil que ya cometieron un delito”, sostuvo, marcando una línea entre registro administrativo y situación legal.
También apuntó a fallas del propio Estado en casos de irregularidad prolongada. “Hay personas que entraron con permiso, se les venció la visa y llevan un año y medio esperando renovación. Esa no es culpa de la persona, es culpa del Estado”, manifestó.
Incentivos para salida voluntaria y nuevas sanciones
Dentro de las medidas en evaluación, el Gobierno contempla incentivar la salida voluntaria de migrantes irregulares. Entre las opciones se analiza la devolución de cotizaciones previsionales o la rebaja de sanciones para quienes abandonen el país de manera voluntaria.
En paralelo, se busca endurecer el marco legal. El ex diputado recordó que actualmente ingresar por un paso no habilitado no constituye delito, sino una falta. “Presentamos un proyecto de ley hace un año y medio que declara el ingreso clandestino como un delito (…) a pesar de lo que la gente pueda pensar, entrar a Chile hoy día por un paso no es un delito, es una falta”.
De avanzar este cambio, “El declararlo ya delito, nos va a dar una serie de herramientas para producir primero la detención de la persona o simplemente la expulsión inmediata de la persona que viene ingresando por un paso no habilitado”, explicó Sauerbaum.
Fiscalización a empleadores que contraten a personas en situaciones irregulares
Finalmente, el plan incluye aumentar la fiscalización a empleadores que contraten personas en situación irregular.
Sauerbaum planteó que hoy existe un problema estructural que favorece este fenómeno. En ese sentido indicó “Hoy día, tenemos un incentivo perverso, de que entrar a Chile irregularmente, primero no tiene ninguna sanción, pero además tener un trabajo con un contrato, pagando cotizaciones previsionales incluso, no tiene ningún efecto, ni ninguna sanción”.
El escenario deja una tensión evidente entre las cifras de expulsión ya decretadas y la capacidad real del Estado para ejecutarlas, en un contexto donde las decisiones políticas, los recursos disponibles y los cambios legales marcarán el rumbo del control migratorio en los próximos meses.
Revisa aquí más noticias. Síguenos en Facebook e Instagram para ver fotografías con datos de contingencia nacional y del Gran Concepción.
