La Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados de Chile aprobó las modificaciones del Senado al proyecto que crea el nuevo Subsidio Unificado al Empleo (SUE) y dejó la iniciativa en condiciones de ser promulgada por el Ejecutivo. Esta se aprobo con 88 votos a favor y 43 en contra, en su tercer trámite constitucional.
El proyecto forma parte de las 46 medidas incluidas en la Agenda de Productividad, específicamente dentro del “Eje de Formalidad”, según el oficio que el Ejecutivo envió en junio del año pasado. La propuesta busca enfrentar la informalidad laboral mediante la unificación de los subsidios existentes y, por primera vez, focaliza el beneficio en pequeñas y medianas empresas (pymes).
El nuevo sistema tendrá cargo fiscal y será administrado por el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence). La iniciativa adopta un perfil reactivador y concentra los recursos públicos en el sector privado, con el objetivo de incentivar la contratación formal.
Entre sus principales fines, el SUE promueve el empleo formal y refuerza la participación laboral femenina. El programa prioriza a personas pertenecientes a grupos específicos para facilitar su reingreso, permanencia o incorporación al mercado laboral. No obstante, la normativa excluye a empresas públicas y sociedades del Estado.
Grupos prioritarios y requisitos
El programa busca disminuir las brechas en el acceso al trabajo formal, priorizando a los siguientes grupos:
- Personas con discapacidad: Inscritas en el Registro Nacional de Discapacidad, hasta los 64 años y 11 meses.
- Mujeres: Entre 25 y 54 años (hasta 11 meses y 30 días).
- Jóvenes: Entre 18 y 24 años (hasta 11 meses y 30 días).
- Personas mayores: De más de 55 años.
En esa línea, los beneficiarios deben acreditar una renta bruta mensual igual o inferior a 2,25 ingresos mínimos mensuales (IMM). Además, se exige haber registrado al menos seis meses de desempleo continuos u ocho discontinuos dentro de los 18 meses previos a la postulación.
Un límite de 200 trabajadores beneficiarios por empresa
El SUE incorporará criterios de vulnerabilidad socioeconómica basados en el Registro Social de Hogares (RSH) en la mayoría de sus líneas, con excepción del segmento de personas con discapacidad.
El proyecto establece un límite de 200 trabajadores beneficiarios por empresa. En el caso de micro y pequeñas empresas, el derecho al subsidio podrá extenderse por un plazo máximo de 15 meses, con el objetivo de fortalecer su capacidad de contratación.
Control presupuestario
Entre las enmiendas ratificadas del Senado, la ley autoriza ajustar temporalmente, mediante decreto, los meses de desempleo exigidos como requisito, según la coyuntura económica.
Asimismo, fija un tope presupuestario para su primer año de vigencia: el gasto no podrá superar los $103.735 millones. Si se alcanza ese monto, el Estado suspenderá la entrega de nuevos beneficios durante esa anualidad.
El Sence será el único organismo encargado de verificar el cumplimiento del nivel de vulnerabilidad socioeconómica y deberá informar directamente al empleador sobre la procedencia del aporte monetario.
Finalmente, el nuevo sistema busca integrar el actual esquema fragmentado de ayudas al empleo como el Subsidio al Empleo Joven, el Bono al Trabajo de la Mujer y el Subsidio Previsional al Trabajador Joven en un solo programa.
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