El Municipio de Talcahuano informó la adjudicación de una auditoría externa destinada a revisar la ejecución presupuestaria y la situación financiera de la casa edilicia y de los servicios traspasados de Educación, Salud y Cementerios, correspondientes al período 2017-2024. Todo esto debido a la compleja crisis financiera que arrastra la comuna y llevó a transformarla en la más endeudada de todo Chile.
La decisión fue adoptada esta semana y apunta a contar con un diagnóstico detallado de esos años, ya que el deterioro de las finanzas municipales se ha visto marcado por el aumento sostenido del gasto, el incremento de deudas y la necesidad de ordenar compromisos pendientes.
El proceso se realizó mediante licitación pública y contó previamente con la aprobación del Concejo Municipal. El contrato fue asignado a Cabello y Fuenzalida Consultores Asociados por un total de $21.000.000, con un plazo de ejecución de 120 días.
La medida responde a un compromiso de la administración liderada por el actual alcalde, Eduardo Saavedra. Busca verificar la razonabilidad y confiabilidad de las cifras relativas a la ejecución presupuestaria y al estado financiero del municipio y sus servicios asociados durante el período analizado. Por esta razón, se espera contar con antecedentes objetivos que respalden la toma de decisiones futuras.
El alcalde subrogante, Cristian Campos, señaló que además se han interpuesto querellas en áreas específicas como Educación, a partir de informes de Contraloría. Entre ellos uno que detectó irregularidades superiores a $5 mil millones en el Daem durante 2023. De hecho, estas acciones forman parte de una estrategia orientada a esclarecer eventuales responsabilidades.
La crisis financiera en Talcahuano
Cabe recordar que en Talcahuano, el municipio enfrenta una crisis financiera que se arrastra desde hace años, especialmente en el área de Educación. Esto último obligó a designar un Administrador Provisional para contener un déficit que proyectaba más de $8 mil millones.
A lo anterior, se suman deudas previsionales y de salud en proceso de regularización, el sobrecosto generado por el traslado de residuos a la Región de Ñuble tras el cierre del relleno sanitario en 2023, y una sentencia judicial que ordena el pago de $2.500 millones por el caso del edificio Puerto de Palos, declarado inhabitable después del terremoto de 2010.
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