La llegada del un sistema frontal, que podría acumular más de 200 milímetros de precipitaciones durante esta semana, mantiene en alerta a las autoridades de la Región del Biobío, que ya activaron las coordinaciones preventivas para enfrentar una eventual emergencia. Como parte de ese despliegue, el Ministerio de Desarrollo Social y Familia confirmó que 1.900 funcionarios distribuidos en los 33 municipios de la región se encuentran acreditados para aplicar la Ficha Básica de Emergencia (FIBE) si las lluvias provocan daños en viviendas o afectación a las familias.
La medida busca acelerar la respuesta del Estado en caso de inundaciones u otras consecuencias derivadas del evento meteorológico. Para ello, los equipos ya fueron capacitados para realizar el catastro en terreno y recopilar la información necesaria que permita gestionar con rapidez la entrega de ayudas y beneficios destinados a las personas damnificadas.
El seremi de Desarrollo Social y Familia del Biobío, Daniel Manchileo, destacó que “hemos reforzado que los 33 municipios de la región ya cuentan con equipos acreditados para aplicar la FIBE. Esto nos permite dar una respuesta rápida y coordinada si el sistema frontal genera afectación, contando con más de 1900 funcionarios listo para catastrar lo más rápido posible la envergadura de la emergencia“.
Qué es la FIBE y para qué sirve durante una emergencia
La Ficha Básica de Emergencia (FIBE) es el mecanismo oficial que utiliza el Estado para registrar los daños sufridos por una vivienda y los bienes de un hogar cuando ocurre una emergencia, desastre o catástrofe, como inundaciones, incendios forestales, aluviones o terremotos.
Su aplicación se realiza directamente en terreno, en coordinación con los municipios afectados y el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred). La información obtenida permite identificar el nivel de afectación de cada familia y gestionar de manera oportuna la ayuda estatal que corresponda.
Además de cuantificar los daños materiales, la FIBE también recopila antecedentes sobre las necesidades básicas de los hogares afectados, lo que facilita la planificación de las medidas de apoyo para enfrentar la emergencia y avanzar en la recuperación de las familias damnificadas.
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