A menos de un mes del receso legislativo el gobierno presentó su proyecto de ley para la negociación ramal. La iniciativa pretende que en el tema laboral pasemos a un modelo en el que los sindicatos y las asociaciones de empleadores de un mismo sector económico o “rama” (por ejemplo, el sector retail, la minería o el transporte) puedan negociar condiciones laborales y salariales comunes para todos.
El proyecto presentado en el epílogo del gobierno ha sido calificado por la oposición como un “gustito” de última hora del ejecutivo. Ello ha sido refutado por el subsecretario del trabajo Pablo Chacón quien aseveró que si bien es cierto el proyecto ingresa ya al final de la administración, se le ha puesto suma urgencia por lo tanto debe iniciar su tramitación en las próximas horas o días a mas tardar.
Claves del proyecto de ley de negociación ramal
La iniciativa implica modificar el Código del Trabajo para introducir un modelo de negociación colectiva multinivel y coordinado.
- El primer nivel, el sectorial, se plantea como una instancia para establecer regulaciones generales y estándares mínimo-aplicables a un sector o subsector económico.
- El nivel intermedio, o de acuerdos marco, regula condiciones en contextos específicos, como cadenas de valor, grandes proyectos o faenas, permitiendo coordinar obligaciones recíprocas entre empresas principales y contratistas en materias tales como salud y seguridad, condiciones laborales comunes o compromisos recíprocos entre empresas vinculadas.
- En el nivel de empresa se mantiene la importancia de este espacio para establecer y fijar condiciones laborales específicas para la realidad de cada empresa.
- Se propone la creación de Consejos Sectoriales Laborales y Comisiones Subsectoriales, concebidos como espacios paritarios de diálogo. Estos espacios estarán integrados por representantes de las confederaciones sindicales y gremiales empresariales más representativas, según un criterio proporcional basado en datos objetivos de afiliación y contratación.
El proyecto establece que la representatividad se sustentará, entre otros mecanismos, con un sistema de registro electrónico centralizado gestionado por la Dirección del Trabajo.
Por último, se introduce una modificación en la Ley 20.241 sobre Incentivo Tributario a la Inversión en Investigación y Desarrollo. Esta medida permite que las empresas que formen parte de un sector o subsector con un acuerdo colectivo vigente puedan acceder a un crédito tributario cuyo tope máximo es incrementado, elevándolo de 15.000 a 45.000 UTM.
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