La ONG Nos Buscamos, dedicada al reencuentro de familias de niños traficados ilegalmente durante la dictadura, denunció que algunas de estas personas aparecerían habilitadas para sufragar, e incluso con posibles votos emitidos en Chile. La situación genera extrañeza, considerando que varias de ellas ni siquiera residen en el país.
Este hecho ha causado revuelo, ya que podría enmarcarse como un eventual fraude electoral. De hecho, una publicación en sus redes sociales ya advertía que diversas personas que figuraban como desaparecidas durante la dictadura aparecían habilitadas para votar en la primera vuelta presidencial, y que al menos una de ellas registraba un voto emitido en la región de La Araucanía.
La gravedad de los antecedentes aumenta al considerar la posible suplantación de identidad de personas que no viven en Chile, así como de otras cuyo paradero actual aún se desconoce.
Obstrucción a la investigación de la ONG Nos Buscamos sobre votos en La Araucanía
En una de sus publicaciones, desde la ONG indican que “En el cruce de antecedentes administrativos y electorales, emergen datos que no pueden ser ignorados. En distintos casos de personas víctimas de tráfico infantil, se repite un mismo registro domiciliario: San Diego 2061”.
Asimismo, agregan que “desde esa dirección, 17 identidades figuran habilitadas para votar en una de las 30 mesas del Instituto Hermanos Matte, ubicado en la comuna de Santiago. Estos antecedentes no buscan incidir políticamente, sino visibilizar hechos verificables que continúan apareciendo en registros vigentes”.
En otra de sus publicaciones, además, detallan que “Durante nuestras investigaciones descubrimos algo extremadamente grave, personas que fueron traficadas en los años 70 y 80 siguen apareciendo inscritas en el padrón electoral chileno, pese a jamás haber vivido en el país”.
“Lo más impactante fue que uno de ellas figura incluso como que votó. Este hallazgo apunta a un posible caso de suplantación de identidad y abre la puerta a un eventual fraude electoral, utilizando nombres de víctimas del tráfico de niños”, indican desde la ONG.
Finalmente, también señalan que “en nuestro intento por verificar otras mesas, fuimos bloqueados. Hemos tenido múltiples reuniones con la Oficial Civil Edita Ferreira, del Registro Civil de Perquenco, quien se ha negado a mostrar los libros de inscripción originales, documentos clave para esclarecer estos casos. Cuando pedimos revisar más mesas, fuimos expulsados del local de votación, incluso cuando solo buscábamos confirmar datos públicos”.
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