El Gobierno ingresó en las últimas horas un segundo paquete de indicaciones al proyecto de ley “Regiones Más Fuertes” que se tramita en el Congreso Nacional.
Esta iniciativa, que inició su tramitación parlamentaria en mayo de 2023, tiene como objetivo mejorar la arquitectura fiscal de los gobiernos regionales para entregarles más facultades presupuestarias y más mecanismos de control, para que los recursos se utilicen de manera más efectiva, eficiente y respondan a las urgencias territoriales.
En un primer eje, las indicaciones actualizan medidas de control presupuestario para los gobiernos regionales, como por ejemplo mandatar la realización de auditorías externas anuales sobre la gestión presupuestaria y financiera, información que deberá incluirse en las cuentas públicas y actas de traspaso de gestión.
En la misma línea, se faculta al Consejo Regional (CORE) para hacer seguimiento a la ejecución del presupuesto regional; y a la vez disminuye el monto a partir del cual el CORE deberá aprobar la asignación de recursos, lo que se traduce en que los proyectos de inversión, estudios preinversionales y diseños que den origen a dichos planes deberán revisarse, pero se excluirá a las iniciativas de menos de 3.000 Unidades Tributarias Mensuales (UTM).
Adicionalmente se regulan aspectos específicos que podrían dar lugar a la cesación en el cargo del gobernador regional por parte del Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel).
Ingresos propios para las regiones en la nueva Ley
Finalmente, respecto de la generación de ingresos propios, se faculta a los gobiernos regionales a establecer derechos por los servicios que presten, es decir, se les otorga la facultad de cobrar por dichos servicios. Adicionalmente, esta ley define una tasa de hasta 30% por ingresos a áreas silvestres protegidas y establece que el 50% de estos recursos deberá destinarse a la inversión para el desarrollo de las áreas protegidas de sus respectivas regiones.
Además, se consagran los reglamentos regionales como el instrumento que tendrán los gobiernos regionales para regular una serie de materias asociadas a sus ingresos propios; y se reincorpora una medida que estaba quedando fuera del proyecto ley –que el Ejecutivo había propuesto originalmente que es que cada Gore debe dictar un reglamento regional sobre concesiones y permisos asociados al uso de bienes raíces de propiedad del gobierno regional.
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