La Fiscalía informó la decisión de no perseverar en la causa contra la exfuncionaria del Gobierno Regional, Tamara Vidal, y el exconsejero regional Piero Blas, por la querella de presunto delito informático ligado a una arista del Caso Convenios.
La determinación fue dada a conocer este miércoles 10 de diciembre, firmada por la fiscal adjunto de la región del Biobío, María José Aguayo. En el documento, la entidad investigadora señala que se tomó la “decisión de no perseverar en este procedimiento, por el delito informático descrito y sancionado en el artículo 2 de la Ley 21.459 por cuanto durante la investigación realizada no se han reunido antecedentes suficientes para formalizar ni fundar una acusación en contra de Tamara Vidal Vera y Piero Blas Muñoz”.
Junto a esto, se citó a la fiscal Aguayo, al abogado querellante Marcelo Torres, al defensor Esteban Arévalo y a los imputados Vidal y Blas a una audiencia para comunicar la decisión.
Piero Blas acusa negligencias durante proceso judicial
El exCore acusó que “hubo actos negligentes reiterados de la Fiscalía, como equivocarse al notificar al ministro de fe del Consejo Regional, retrasando el avance del caso para coincidir con el calendario electoral. Acompañado de la escasa voluntad del Ministro de fe, que incluso según la ley, tuvo que haber impedido que el ex Gobernador hiciese el ridículo saltándose toda ley e instituciones existentes para meter un titular durante las elecciones”.
También argumentó que fueron múltiples los antecedentes que contradecían lo denunciado en su contra. “El informe de Contraloría que solicité en 2023 contradice el fundamento político de la querella. Las pericias de la PDI desmienten lo descrito. La auditoría externa de Xlibrium al Gore Biobío, que también refutó los supuestos hechos, fue minimizada por la propia fiscal”, detalló Blas.
“El CDE se retractó hace más de un año. El gasto de recursos públicos, de más de 250 millones de pesos, para modificar el sistema digital. El protocolo ‘ultrasecreto’ de la Fiscalía Nacional para dilatar los tiempos y censurar las negligencias. Y se suma que el querellante jamás se presentó y que hubo una evidente voluntad del nuevo Gobernador por dilatar hasta hacer coincidir con el proceso electoral”, añadió, detallando las irregularidades ocurridas en el proceso.
“Este no era un caso jurídico, sino una burda y ordinaria operación política para asegurar la sucesión del cargo de Gobernador Regional (…) Además, se me negó el derecho a réplica durante todo el negligente y ordinario proceso”, sostuvo.
Finalmente, Piero Blas adelantó que buscará exigir las costas del proceso, el cual fue liderado por el abogado Esteban Arévalo Díaz.
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