En el sector de Santa Sabina, un pequeño negocio de barrio, administrado por una mujer mayor hace más de 20 años, está cercano a cerrar sus puertas. Su dueña, que alguna vez logró sostener el local gracias a una clientela fiel, hoy mira cómo frente a su negocio, un mall chino que abrió en marzo atrae multitudes con precios que parecen imposibles.
“Las ventas se fueron al suelo. Desde que se instalaron afuera me echaron a perder al tiro. Hay días en los que no he vendido nada… $800 o $2.000. Y yo tengo que pagar igual la patente que son más de 70 lucas cada seis meses”, lamenta Luisa Rifo.
En distintos sectores del Gran Concepción, el avance de los llamados malls chinos está golpeando con fuerza al comercio de barrio. La masiva instalación de estos recintos, que ofrecen productos importados a precios muy bajos, ha generado una caída significativa en las ventas de almacenes, bazares y pequeños negocios que por años dependieron de clientelas fieles.
El fenómeno preocupa no solo por su magnitud, sino también por los vacíos regulatorios que lo rodean. No existe una categoría de patente específica para este tipo de establecimientos, lo que dificulta su fiscalización y permite que operen bajo criterios distintos a los del comercio tradicional. Gremios locales advierten que esto ha derivado en una competencia desleal sostenida por evasión tributaria y ausencia de controles efectivos.
Antecedentes por cierres inminentes
Documentos obtenidos para este reportaje revelan que las inspecciones municipales, de Salud y del Servicio de Impuestos Internos detectan reiteradas irregularidades: patentes vencidas, falta de etiquetado en español, incumplimientos sanitarios y deficiencias tributarias. A pesar de ello, no hay estudios oficiales que midan su impacto real sobre el comercio menor, dejando el fenómeno sin monitoreo económico formal.
En este escenario, comerciantes históricos ven cómo sus ventas se desploman mientras las autoridades intentan responder con operativos puntuales y llamados al consumo responsable.
Luisa, con pesar y ojos vidriosos, compartió que “los vecinos se olvidaron de todo. Las señoras que venían año a año a comprar cosas para las nietas, ahora nada. Las veo pasar para el frente. Me duele que cambien 20 años de sacrificio”.
Competencia desleal y cierres inminentes
La historia de esta mujer es el reflejo de un problema de mayor escala que afecta al comercio tradicional en el Gran Concepción. La irrupción masiva de los llamados malls chinos está transformando la dinámica de los barrios y desplazando a los pequeños negocios, que no logran competir contra la guerra de precios.
El conflicto ha puesto en alerta a las autoridades, debido a las graves faltas de regulación detectadas. Un operativo interinstitucional en Talcahuano detectó que una alta proporción de estos recintos operaba con patentes vencidas o sin documentación al día, obligando a la prohibición de funcionamiento. La fiscalización también incluyó la eliminación de alimentos por incumplir la normativa sanitaria.
El gremio de la Cámara de Comercio de Concepción denuncia que la raíz del problema es una competencia desleal sostenida por la evasión tributaria y un vacío legal en el tipo de patente que deben poseer estos recintos, lo que les permite operar bajo reglas distintas.
La Falta de Regulación
Aunque aún no hay cifras oficiales que midan el impacto directo de estos recintos sobre el comercio local, historias como la de Santa Sabina se repiten en distintos puntos del Gran Concepción. En Talcahuano y Hualpén, los vecinos aseguran que la apertura de estos centros comerciales ha transformado la dinámica de los barrios y desplazado a los negocios tradicionales.
En los últimos años, los llamados malls chinos se han instalado con fuerza en la Región del Biobío. Se caracterizan por ofrecer productos importados. Ropa, juguetes, artículos de aseo, tecnología y decoración a precios muy por debajo del mercado.
Sin embargo, detrás de esta aparente bonanza comercial, distintas voces advierten sobre una competencia desleal y vacíos en la fiscalización.
Según Sara Cepeda, presidenta de la Cámara de Comercio de Concepción, los malls chinos “han proliferado mucho en el centro penquista, sobre todo en el casco histórico de la ciudad. La gran problemática es que están usando espacios emblemáticos”. Añadió que además “hemos averiguado, junto con la municipalidad y un concejal, que no existe la patente comercial de ‘mall chino’, por lo tanto es como un vacío legal”.
Todo tiene un punto de partida, y para Cepeda “todo este boom empezó después de la pandemia”.
Panorama ampliado
Una contraparte expone que no todos los barrios del Biobío enfrentan el mismo escenario. Marcela Jara, comerciante de Talcahuano que vive en los cerros y mantiene su bazar también desde hace más de 20 años, reconoce que el fenómeno existe pero que su sector todavía no lo vive directamente. Su testimonio permite ampliar el panorama. “Ellos nos han invadido, pero finalmente los mall chinos son todos lo mismo. Los clientes cuando llega uno van a vitrinear porque te ponen una oferta, pero después muchos vuelven a su negocio de población. La gente va donde le acomoda”, comenta.
Para Marcela, la pérdida de clientela es una posibilidad, pero también cree que existe un público fiel que valora la cercanía, la confianza y la posibilidad de comprar fiado, algo que estos recintos no ofrecen. “En mi población todavía no han llegado. Si llegaran, claro que nos afectaría. Pero siempre queda ese cliente que prefiere venir a lo seguro, a quien conoce”, reflexiona. Su relato muestra algo clave: el impacto depende del territorio, la oferta disponible y la importancia de relación histórica entre comerciantes y vecinos.
¿Sin alteraciones económicas?
Desde el ámbito público, las autoridades reconocen el crecimiento de estos recintos y las dificultades que implica regularlos.
El Seremi de Economía del Biobío, Javier Sepúlveda, señaló que desde su cartera no cuentan con ningún registro que mida el impacto que este comercio chino ha tenido en los locales menores en Concepción, asegurando que el Ministerio no es encargado de cumplir el rol de estudiar esta materia, a menos que haya alguna alteración significativa en materia económica.
El representante regional también explicó que la fiscalización de estos espacios comerciales depende de la coordinación entre varios organismos, entre ellos las municipalidades, el Servicio de Impuestos Internos y la Seremi de Salud, lo que a veces ralentiza las acciones.
Dentro de la amplia carta de productos que se pueden encontrar en los mall chinos, también está la comida. Desde el ámbito de la salud pública, las cifras de fiscalización evidencian una alta tasa de incumplimiento, especialmente en el área de seguridad alimentaria.
Fiscalizaciones y sumarios sanitarios
Según datos de la Seremi de Salud del Biobío, entre 2024 y lo que va de 2025, se han realizado 41 fiscalizaciones a malls chinos en la región, resultando en 20 sumarios sanitarios. Esto implica que casi la mitad de las inspecciones detectaron infracciones graves, todas ellas ligadas a la Unidad de Seguridad Alimentaria.
Las causales de sumario más frecuentes giran en torno al etiquetado y la información al consumidor, específicamente por:
- Ausencia de información en idioma castellano.
- Falta de información nutricional y de los sellos de advertencia “ALTOS EN” (Ley 20.606).
- Presencia de figuras animadas en alimentos dirigidos a menores de 14 años.
- Poca claridad en la fecha de elaboración y vencimiento de los productos.
“Se verifica el cumplimiento de la Ley 20.606 y artículos del Reglamento Sanitario de Los Alimentos sobre composición nutricional y publicidad, además de las condiciones sanitarias de expendio de alimentos en locales de productos importados,” señalaron desde la Seremi de Salud.
El rol del SII: fiscalización tributaria y un mapa de riesgos
En el ámbito tributario, el Servicio de Impuestos Internos (SII) figura como uno de los organismos clave en la regulación de estos recintos. Tras semanas de gestiones y solicitudes de información, el servicio finalmente entregó una minuta que confirma que los llamados malls chinos han sido definidos como uno de los focos prioritarios de control durante este año.
Según informaron, se trata de un tipo de comercio minorista que no cuenta con un código de actividad económica específico, lo que dificulta su clasificación formal dentro del sistema.
De acuerdo con el documento, el SII ha avanzado en la caracterización y detección de incumplimientos, tanto mediante sus controles habituales como a través de operativos conjuntos con Carabineros, municipalidades y Aduanas.
Además, el servicio hizo hincapié en que realizó dos operativos a nivel nacional enfocados en empadronar estos establecimientos y focalizar las acciones de control en los principales riesgos tributarios detectados. Entre las medidas aplicadas se incluyen revisiones a la emisión y registro de documentos tributarios electrónicos, con sanciones que van desde multas hasta clausuras.
Según el SII, estas acciones buscan generar un cambio de comportamiento dentro del sector, promoviendo el cumplimiento tributario y enviando un mensaje “ejemplarizador” que permita equiparar la cancha con los comerciantes formales que sí cumplen con sus obligaciones. Aun así, el organismo reconoce que la masificación de estos recintos plantea desafíos complejos para la fiscalización tradicional.
El caso Talcahuano: Prohibiciones y desnaturalización
La Municipalidad de Talcahuano ha sido una de las pocas en entregar información concreta y detallada sobre el tema, confirmando la complejidad de los operativos interinstitucionales necesarios para fiscalizar este comercio.
Según dos informes de fiscalización a los que se tuvo acceso en pleno desarrollo de este reportaje, varios malls chinos del sector Puerto de Talcahuano presentaron incumplimientos en normas sanitarias, de seguridad y permisos comerciales.
El primero, fechado el 14 de octubre de 2025, detalla un operativo que fiscalizó tres locales. Durante esa jornada, la Dirección de Seguridad Pública cursó una infracción y ejecutó la prohibición de funcionamiento a un local que no contaba con patente municipal vigente (disponía de una provisoria caducada). Por su parte, la Seremi de Salud levantó tres sumarios sanitarios y cerró la zona de venta de alimentos por falta de etiquetado y productos fuera de norma.
“De los locales inspeccionados, un alto porcentaje no contaba con la documentación al día ni cumplía con las condiciones de seguridad exigidas,” señala el documento.
Una segunda fiscalización, el 29 de octubre, buscó verificar el cumplimiento de las medidas ordenadas. El operativo permitió constatar que un local subsanó sus observaciones administrativas, presentando un permiso provisorio actualizado, pero persistió en el incumplimiento sanitario. En ese lugar, se procedió a la desnaturalización de una amplia variedad de alimentos que no contaban con etiquetado en español ni cumplían la normativa chilena.
Estos antecedentes evidencian una falta de regulación clara sobre el tipo de establecimientos que operan bajo la figura de “galerías comerciales”, pero que funcionan de manera similar a un mall, y donde los problemas de fiscalización y cumplimiento son recurrentes.
Perspectivas y el llamado al consumo responsable
Para los locatarios del comercio penquista, el problema no es solo económico, sino también simbólico: la sensación de abandono institucional frente a una competencia que no parece jugar con las mismas reglas.
“Es competencia desleal porque lamentablemente, muchos cometen evasión tributaria. La gran mayoría no da boletas,” lamenta Cepeda. La presidenta de la Cámara de Comercio de Concepción sostiene que este incumplimiento normativo afecta directamente la recaudación fiscal y pone en desventaja al pequeño y mediano comerciante, que debe absorber los costos del IVA y de la formalidad para operar.
A pesar de las quejas y denuncias, la expansión continúa. Nuevos recintos están en proceso de instalación en ciudades como Chiguayante, sectores como Barrio Norte o la reciente apertura en el sector Arenal en Talcahuano, lo que preocupa a los comerciantes que intentan sobrevivir a la baja en las ventas.
Desde la Seremi de Economía aseguran que se están evaluando nuevas medidas de coordinación interinstitucional para fortalecer la fiscalización y apoyar al comercio local, según afirmó el Seremi, enfatizando que “hay una variedad de organismos públicos que deben obrar por eso. Nosotros con el Sernac hemos participado en algunas instancias fiscalizadoras. Permanentemente hacemos el llamado al consumo responsable. Siempre se debe preferir el comercio local establecido que cumple con la normativa, que paga su patente, que da la boleta.”
Mientras tanto, los locatarios tradicionales esperan que la discusión avance más allá del diagnóstico y se traduzca en políticas concretas. En barrios como Santa Sabina, la esperanza de recuperar la clientela se diluye entre letreros luminosos, ofertas de temporada y una sensación creciente de desigualdad comercial.
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