El exministro de Energía, Diego Pardow, respondió a la acusación constitucional presentada por diputados de oposición, quienes decidieron avanzar con el libelo tras su renuncia, luego que Transelec advirtiera a las autoridades, en octubre de 2024, un posible error en la valoración de sus activos.
La denuncia se centra en supuestas infracciones a los principios de probidad y transparencia del artículo 8 de la Constitución.
En su respuesta de 121 páginas, Pardow defendió su decisión de no comunicar el caso públicamente, asegurando que no había información clara y que hacerlo podría haber generado “alarma pública” y afectado el interés nacional.
“Podría haber comprometido el interés nacional”
El exministro explicó que, “Ante la falta de información cierta disponible, tan solo sabiendo que existían inconsistencias (alertadas por Transelec en 2024), pero sin claridad sobre la magnitud del error, su comunicación pública en esta temprana etapa del procedimiento se traducía en introducir alarma en la ciudadanía, sin un objeto determinado y, dado lo señalado previamente, ahí sí se podría haber comprometido el interés nacional”.
Pardow agregó que una declaración anticipada habría sido malinterpretada y afectado la imparcialidad del proceso administrativo que estaba en curso. “En este contexto, y en la situación que nos encontrábamos, haber comunicado públicamente los hechos, no solo habría significado que este exministro hubiera intervenido en dicho procedimiento indebidamente e introduciendo criterios de parcialidad, sino que podría haber sido percibido por la empresa (Transelec) como un instrumento de hostigamiento para presionar en contra de sus intereses en la correcta valoración de los activos”, señaló.
El exsecretario de Estado recordó además que Transelec estaba siendo sometida a una auditoría y que cualquier declaración pública podría haber tenido consecuencias legales internacionales. “En efecto, de haber hecho un punto de prensa en la situación en que nos encontrábamos, Transelec hubiera podido usar dichas declaraciones en una eventual demanda ante el CIADI”, advirtió.
Pardow niega responsabilidad directa
En su defensa, el exministro explicó que la ley eléctrica no contempla un mecanismo de autodenuncia, como aseguran los diputados que lo acusan. Esto significa que, aunque hubiera querido informar públicamente sobre el error detectado por Transelec, no existía un procedimiento formal que lo permitiera dentro del marco legal vigente.
Además, Pardow aclaró que tampoco tenía la autoridad para intervenir directamente en la auditoría que realizaba la Comisión Nacional de Energía (CNE). Dicha auditoría buscaba revisar los bienes de Transelec y corregir la posible sobrevaloración de sus activos. Sobre esto, el exministro señaló que su rol no incluía involucrarse en ese proceso técnico ni modificar su curso.
Revisa aquí más noticias de la Región del Biobío. Síguenos en Facebook e Instagram para ver fotografías con datos de contingencia nacional y del Gran Concepción.
