El municipio de San Pedro de la Paz decidió no renovar el contrato de 125 funcionarios de Salud, citando el déficit de recursos que enfrentan. Algo que les impediría asegurar sus obligaciones legales con los trabajadores.
Tras una negociación con representantes de la Asociación de Funcionarios de la Salud Municipal (AFUSAM) salió humo blanco. Así lo confirmó el vicepresidente de la Federación del Biobío, Diman Pereira, “señalamos que 43 funcionarios harán reingreso a partir de la próxima semana”.
Reconociendo el “déficit financiero” en la administración, el dirigente valoró la disposición al diálogo y que “no se ha vulnerado ningún derecho, por ejemplo, de madres embarazadas, ningún indefinido ha sido tocado“.
El alcalde Juan Pablo Spoerer precisó que requerían la “liberación de recursos, que nos permitía dar una mejor administración de salud, la compra de medicamentos, el pago de exámenes, etc”. Esto también les permitirá el pago de remuneraciones y cotizaciones previsionales al personal que se mantiene en funcionamiento.
En tanto, afirmó que la salida masiva de funcionarios no se relaciona a sus capacidades profesionales y, en vez, apuntó a “problemas estructurales”. “Relacionados con el financiamiento, con la infraestructura, con las condiciones en las cuales nosotros ofrecemos las atenciones de salud, las coordinaciones desde la dirección administrativa. Porque nosotros tenemos un personal de salud que opera bajo condiciones muy complejas, en situaciones incluso de violencia”, lamentó.
Federación apunta al Gobierno central
Frente a la preocupación del público que se atiende en los distintos Centros de Salud Familiar (Cesfam) de la comuna, Pereira recalcó que “las atenciones jamás se van a detener. Los usuarios son nuestro principal apoyo”.
Si bien le extendió comprensión al municipio sampedrino, sí lanzó sus dardos a Santiago, “la falta de presupuesto que ha ocurrido en la atención primaria, tiene que ver con una responsabilidad del gobierno central“.
“Los recursos a veces son insuficientes, lo que produce justamente estos conflictos al interior de ciertos municipios. Y las administraciones, también irresponsables, que muchas veces no prevén que estas situaciones puedan ocurrir y que finalmente terminan pagando los platos a los trabajadores y a las trabajadoras“, cerró.
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