Caso Bernarda Vera: Gobierno responde a reportaje y aclara funcionamiento del Plan Nacional de Búsqueda

El Gobierno salió al paso de la polémica tras la difusión de un reportaje de Chilevisión que apunta a que Bernarda Vera, registrada como detenida desaparecida durante la dictadura y parte del Informe Rettig, podría encontrarse en Argentina. Según los antecedentes, Vera habría escapado por la cordillera junto a un grupo de personas y, tras obtener residencia en Suecia en 1978 y ciudadanía en 1984, retornó a Argentina en 1999.

El caso cuestiona lo que indica el Informe Rettig sobre su presunta ejecución y ha generado dudas sobre la efectividad del Plan Nacional de Búsqueda.

Gobierno aclara funcionamiento del Plan Nacional de Búsqueda

Luis Cordero, ministro de Seguridad Pública, explicó que el Plan cuenta con un Comité de Seguimiento público-privado, encargado de construir trayectorias de víctimas de desaparición forzada.

"Falta comprensión respecto a qué es el Plan. El Plan está diseñado para la construcción de las trayectorias de las víctimas de desaparición forzada. Yo quiero ser muy cuidadoso. No solo hay que resguardar la verdad, sino que también hay que resguardar la situación familiar de las víctimas. Creo que es conveniente reguardar los intereses, los derechos y el dolor de la hija de Bernarda Vera. Tratar esa información con cuidado y responsabilidad", explicó Cordero respecto de otros casos similares al de Bernarda.

Cordero destacó que la información sobre Vera proviene del seguimiento realizado por el Plan y del intercambio de antecedentes con el Estado sueco entre 2024 y 2025. Además, recordó que hay casos en los que las víctimas fueron calificadas posteriormente a la Comisión de Verdad y Reconciliación, ya sea por sentencias judiciales o errores administrativos, y que no es posible modificar administrativamente la calificación de víctimas ya incluidas.

Investigación del Ministerio de Justicia

Desde Justicia, señalaron que el caso de Bernarda Vera ha sido parte de una rigurosa investigación administrativa desde inicios de 2024, dentro del Programa de Derechos Humanos que ejecuta el Plan Nacional de Búsqueda.

La revisión se originó al detectar incongruencias en relatos del “episodio Liquiñe”, lo que motivó comunicaciones con instituciones como PDI, Registro Civil, Cancillería y ACNUR entre mayo y agosto de 2024, sin resultados. En abril de 2025, la Cancillería recibió información concreta del Estado sueco.

Con base en estos antecedentes, se instruyó remitir la información al ministro en visita extraordinaria Álvaro Mesa Latorre, de la Corte de Apelaciones de Temuco, quien abrió un cuaderno reservado para profundizar la búsqueda. La familia y el Comité de Seguimiento fueron informados en enero y mayo de 2025, de manera reservada.

El Ministerio aclaró que estos casos, donde surgen dudas sobre hechos previamente consignados, son excepcionales dentro de las 1.469 personas calificadas como víctimas de desaparición forzada. Destacaron que la revisión de trayectorias también permitió corregir errores administrativos, como el caso de Luis Alberto Pino Soto, adolescente de 14 años, y el de Bernarda Vera, ambos puestos en conocimiento de los tribunales para establecer una verdad judicial.

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