El alcalde de Tomé, Ítalo Cáceres, presentó una denuncia ante el Tribunal Electoral Regional (TER) del Biobío para solicitar la inhabilitación de la ex alcaldesa Ivonne Rivas Ortiz para trabajar en el sector público, acusándola de un “notable abandono de deberes” durante su gestión al mando de la municipalidad.

Cáceres interpuso la acción legal con el respaldo del equipo jurídico y técnica del municipio, basándose en graves irregularidades detectadas tras una exhaustiva revisión administrativa.

Según el requerimiento, Ivonne Rivas habría ocasionado un serio perjuicio al patrimonio municipal, afectando gravemente el funcionamiento de la Dirección de Educación Municipal (DAEM), y acumulando un déficit presupuestario considerable.

La denuncia del alcalde Cáceres a Ivonne Rivas por mal manejo de recursos

Entre los principales cuestionamientos, se identificó el traspaso irregular de funcionarios desde contratos a honorarios a cargos de planta (contrata), superando ampliamente el límite legal permitido del 42% y alcanzando un exceso del 110%. Esta subcontratación generó una carga insostenible para las finanzas del municipio.

La administración actual detectó el no pago de cotizaciones previsionales, pese a que se descontaron los montos correspondientes a los trabajadores. La omisión provocó una deuda millonaria y desencadenó procesos judiciales laborales y civiles que siguen vigentes.

Además, el alcalde Cáceres denunció la existencia de cientos de servicios y bienes adquiridos sin pago correspondiente, lo que podría constituir malversación de fondos públicos, con eventuales implicancias penales.

“Entendemos que hoy día más que nunca se requiere transparencia, y sin duda esta autoridad va a velar siempre para resguardar los recursos que son de todos nosotros, ya que en los primeros meses detectamos falencias graves, fundamentalmente en el manejo de los recursos que ella administró durante su periodo”, agregó Cáceres.

También, expresó que han visto con mucha preocupación el incremento de la dotación del municipio y que por otro lado vieron “falencias en la educación, donde funcionarios cambiaron sus contratos a indefinidos, aumentos de sueldo a personal que no tienen título, entre muchas otras cosas, y eso es notable abandono de deberes, y detrimento al patrimonio”.

Por el momento, el municipio espera que el TER se pronuncie sobre la solicitud de inhabilitación. Mientras tanto, la administración actual refuerza su compromiso con la transparencia y el correcto uso de los recursos municipales.

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