
Por supuesta "expropiación encubierta": Landes presenta demanda contra el Estado por Ley de Fraccionamiento Pesquero
La empresa Landes decidió presentar una acción judicial ante el 26° Juzgado Civil de Santiago en contra del Estado de Chile. Dicho recurso buscaría que se exhiban los documentos clave y que deberían ser soporte para la tramitación de los proyectos de la nueva Ley de Pesca y Fraccionamiento Pesquero, la cual se discute en el Congreso.
Es así como la compañía pide a los tribunales chilenos que se profundice en los antecedentes que justificaron calificar la actual legislación de "ilegítima e ilegal". De este modo, si se confirma la ausencia de fundamentos técnicos, financiero y jurídicos, en el proceso legislativo, Landes interpondrá una acción de nulidad y una demanda de indemnización contra el Estado por los efectos de la ley, en especial, en el caso del jurel.
Mediante un escrito enviado distintas instituciones del gobierno, la compañía cuestiona la legalidad del proceso y señala que se omitieron los informes técnicos, financieros y de impacto regulatorio, los cuales exige la normativa vigente.
¿En qué se basa la acción legal de Landes contra el Estado?
Según la empresa, se tramitó una "expropiación encubierta para evitar pagar las indemnizaciones que a las que Landes y otros actores del mercado tienen derecho".
"La nueva legislación pesquera que impulsa el Ejecutivo es una lápida para una empresa como la nuestra, que emplea en Talcahuano, Región del Biobío, a más de 600 personas en un rubro clave para el desarrollo del país. Más grave aún, golpea el bienestar de cientos de familias empujando iniciativas que violan la Constitución y afectan derechos patrimoniales desarrollados en más de 70 años de inversiones y trabajo empresaria", sostuvo Andrés Fosk Belán, gerente general de Landes.
En tanto, el abogado socio e Barros &Errazuriz, David Cademartori, precisó que "observamos con mucha preocupación cómo acá se incumplieron las reglas fijadas para una correcta discusión legislativa, en la que se ponderen todos los intereses: por una parte, los derechos adquiridos de las empresas, y por otro, el cuidado de los recursos. Desde el minuto uno esto no se ha dado y lo que hemos visto, como se denomina en jerga constitucional, es una suerte de 'contrabando legislativo'".
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