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El Pleno de la Corte Suprema confirmó el desafuero de la diputada Catalina Pérez, luego de que la Fiscalía de Antofagasta lo solicitara por su presunta participación en el caso Democracia Viva.
El pasado 10 de febrero, la Corte de Apelaciones de Antofagasta acogió de manera unánime la solicitud de la Fiscalía y, el 20 de ese mes, dio a conocer el fallo que estimó que existe “plausibilidad” de participación de la diputada en los hechos investigados, consignó La Tercera.
El Ministerio Público buscó levantar la inmunidad parlamentaria de Pérez para formalizarla por su presunto rol en la trama que involucra a su expareja, Daniel Andrade, y a sus excolaboradores Carlos Contreras y Paz Fuica, todos exmilitantes de Revolución Democrática (RD).
Habría manipulación para obtener recursos públicos
A la diputada se le imputan tres delitos consumados de fraude al fisco, acusándola de “dirigir” la operación que permitió concretar convenios por $426 millones entre la Seremi de Vivienda de Antofagasta, encabezada por Contreras, y la fundación Democracia Viva, liderada por Andrade.
Según la Fiscalía, Pérez habría facilitado la asignación de fondos públicos violando principios administrativos y participando en la manipulación de los convenios, para beneficiar a la fundación de su expareja. El fiscal Cristian Aguilar sostuvo que en este caso existió una maquinación para obtener recursos “con fines políticos”.
Con la confirmación de la Corte Suprema, Pérez se convierte en la cuarta diputada en perder su fuero desde marzo de 2022. En ese escenario, queda inhabilitada para votar o participar en sesiones legislativas, aunque seguirá recibiendo su dieta parlamentaria.
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