La justificación de las medidas cautelares declaradas en el Caso Puerto Coronel
Este lunes 16 de diciembre marcó un insólito hito para la comuna de Coronel: el alcalde Boris Chamorro deberá cumplir arresto domiciliario nocturno en pleno ejercicio del cargo. La medida cautelar se enmarca en el Caso Puerto Coronel, por el cual otros seis imputados también recibieron sus respectivos dictámenes preliminares.
Eduardo Hartwig quedó con arresto domiciliario total y arraigo nacional; Daniel Chamorro y Víctor Olivares con arresto domiciliario nocturno y arraigo nacional; y Hernán Romero, Javier Andwanter y Eduardo Araya no quedaron con cautelares. Así, el Juzgado de Garantía de Coronel definió cómo pasarán los próximos 90 días los imputados por esta polémica.
Razonamiento del juez Daniel Ortiz
El abogado asesor de la Fiscalía Regional del Biobío, Mauricio Lártiga, detalló que "el Tribunal ha accedido parcialmente a la solicitud del Ministerio Público, decretando medidas cautelares para cuatro de los siete imputados. Esto, por estimar que los hechos en materia de la formalización se encuentran justificados con los antecedentes de la investigación. Respecto de los otros tres imputados, el Tribunal señaló que aquello no se justificaría a estas alturas de la investigación".
En concreto, el principal motivo detrás de este dictamen dispar entre los imputados es que, en ojos del juez Daniel Ortiz, en los casos del alcalde Chamorro, Hartwig, Olivares y Daniel Chamorro, se acreditó la existencia de los delitos imputados. Pero aún así, esto no habría sido suficiente para el letrado para acceder a la petición inicial de los querellantes, puesto que esta consistía principalmente de prisión preventiva para los involucrados.
Cabe destacar que la prisión preventiva en los casos judiciales como medida cautelar se emplea por diversos motivos, aunque la mayoría de las veces debido a que el imputado es "un riesgo para la sociedad" o porque habría un inminente peligro de fuga. Aquello no sería el caso según el juez Ortiz, en base a lo presentado por la Fiscalía y el Consejo de Defensa del Estado.
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